En una entrevista desde su prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador Edgardo Kueider habló sobre su detención, las causas judiciales que lo involucran y su percepción de una persecución política y mediática
En el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) apuntó contra el Juzgado Federal de San Isidro que conduce la jueza Sandra Arroyo Salgado, negó vínculos con empresarios investigados en la causa Securitas y se mostró arrepentido por el episodio que derivó en su arresto. Aislado de la política y con escasas visitas, aseguró que su caso “ya fue juzgado por la sociedad”.
Kueider repasó su situación actual; admitió que se encuentra bajo prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay, desde hace casi 5 meses. Describió su día a día como limitado a ver televisión y revisar material relacionado con las causas judiciales en Argentina.
Aunque se encuentra en una casa con algunas comodidades, enfatiza que no la está pasando bien y que el encierro afecta la salud mental. Además, explicó que su permanencia en prisión domiciliaria en Paraguay se debe a una cuestión de arraigo por ser extranjero, ya que voluntariamente se presentó a declarar y no estuvo detenido inicialmente.
Lamenta tener que quedarse en Paraguay, ya que desea volver a Argentina para estar con sus hijos y familiares.
Respecto del incidente en Paraguay mencionó brevemente que el dinero encontrado procedía de Paraguay, de “otras operaciones que no son mías”.
En otro tramo de la entrevista, calificó la causa que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado en su contra como “un chiste” comparado con la causa de Paraguay. Afirma que la justicia de San Isidro lo vincula a un asunto con el que no tiene “absolutamente nada que ver” y denuncia la invención de una “asociación ilícita agarrada totalmente de los pelos”. Considera que el lavado de activos se basa en datos “irrisorios” e “incomprensibles” y advierte que sufre un “daño irreparable” causado por el accionar de la justicia de San Isidro, que ha sido “muy potenciada”.
Piensa que hay que evaluar el accionar de la justicia en su caso y que está investigando y guardando documentación al respecto. En ese marco, se considera un “chivo expiatorio” y que hay “otras cosas que tienen que ver” con intereses desconocidos y reitera que todo lo actuado es un “abuso total de autoridad” por parte de la justicia.
Kueider identifica la causa Securitas como el supuesto “delito precedente” del lavado de activos, específicamente vinculado a departamentos en Paraná y señala que su conexión con este precedente es “casi un chiste, le diría un chiste de muy mal gusto”.
Explicó que pidió que la causa de enriquecimiento ilícito iniciada en Concordia fuera derivada a Arroyo Salgado por dos motivos: porque se mencionaba a su hijo menor de edad en los medios, y por la cuestión de competencia. Argumenta que a partir de una publicación periodística se iniciaron dos investigaciones por el mismo hecho, en dos jurisdicciones distintas (Entre Ríos y San Isidro), lo cual considera “inconstitucional” y “doble persecución política”.
Respecto de la relación con los hermanos Tortul y la causa Securitas, Kueider señaló que nunca habló con ellos. Rechaza ser la persona apodada “Turco Cuider” mencionada en mensajes entre los Tórtul, señalando errores de ortografía en el nombre y que no estaba en Concordia el día en cuestión. Afirma que los investigadores podrían verificar fácilmente los llamados o mensajes para desmentir esta vinculación.
También explicó cómo fue la compra de departamentos en el edificio Live. Declaró que los departamentos y cocheras se compraron a través de la empresa Betail, que es una firma que inició con su primo para un proyecto vinculado a pollos; que tomaron un préstamo para la inversión inicial, pero la pandemia detuvo el proyecto. Ante la imposibilidad de invertir en el proyecto original y para resguardar el dinero del préstamo que generaba intereses, surgió la oportunidad de invertir en los departamentos para mantener el valor de los fondos. Indicó que el precio pagado por los departamentos está documentado en los boletos de compraventa y en la causa judicial e identificó a los vendedores como “los chicos de Dujovne Pérez”.
Al ser consultado por otras empresas, admitió tener una empresa con su hijo llamada Decom SA, dedicada a marketing, comunicación y desarrollo de software, que “funcionaba bastante bien” hasta que se vio afectada por su situación judicial. Desmintió que Decom sea una “empresa fantasma”, dijo que tiene facturación comprobable y que sus trabajos se han hecho para particulares, no para el Estado, salvo una campaña para el Partido Justicialista.
En relación con ENERSA, aclaró, basándose en un informe oficial de la empresa, que nunca fue empleado, funcionario, director, ni síndico. Su único rol documentado fue haber firmado las actas de asambleas anuales. Afirmó que nunca asistió a ninguna asamblea y que las actas le eran llevadas a su despacho para firmar. Y negó haber tenido injerencia o vinculación administrativa con Enersa.
Como secretario General de la Gobernación, también negó haberse enterado de coimas o irregularidades relacionadas con contratos de Enersa, incluyendo el de Securitas, del cual se enteró por la prensa.
Después explicó su relación con José Gervasio Laporte, quien era el secretario Legal y Técnico y revisaba todos los decretos del gobernador Gustavo Bordet. Indicó que lo sorprendió leer en el informe de los fiscales la alegación de que Laporte recibía dinero de los Tórtul, ya que “siempre se jactaba” de garantizar que el Estado no tendría problemas judiciales por su estricto control legal. Si bien aclaró que no puede afirmar su responsabilidad, admitió que le sorprendió.
Y respecto de los videos filtrados donde se lo ve contando dinero en su despacho de la gobernación, confirmó que instaló cámaras en su oficina por transparencia y seguridad. Afirmó que el dinero mostrado en los videos correspondía a “gastos reservados”. Explicó la presencia de dólares porque una pequeña porción de esos gastos se mantenía en moneda extranjera para viajes del gobernador al exterior o emergencias imprevistas. Dijo que él mismo mandaba a cambiar el dinero con empleados del área y denunció el hackeo de las cámaras y pidió que se investigara el origen del dinero ante el Ministerio Público Fiscal.
Indicó que conservó copias de los videos originales en su casa (luego recuperadas en un allanamiento) con el propósito de protegerse tras recibir amenazas que mencionaban los videos y negó que quisiera ocultar o destruir los videos.
Reconoció haber editado el pendrive que entregó inicialmente a la justicia, quitando algunas partes, explicando que lo hizo para evitar una difusión más amplia de ese material y asumiendo que solo querían las imágenes; y lamentó que esto se usara para frenar la investigación, pero no le pareció motivo suficiente para detenerla.
Presentó la declaración de Gustavo Tórtul (director del Servicio Contable de la Gobernación), quien aparece en los videos, explicando el procedimiento administrativo de los gastos reservados como totalmente lícito y legal. Expresó que no puede afirmar con pruebas cómo se filtraron los videos ni acusar a nadie específico del hackeo.
Y volvió a hablar de la “conexión Securitas”, pero esta vez por haber instalado un servicio de alarma en su domicilio. Relató que hace años contrató un servicio de alarma y monitoreo para su casa en Concordia tras un asalto, y que luego se enteró que era facturado por Securitas. Este servicio pagado por él se ha agregado a la causa como un indicio más de conexión con Securitas para justificar el lavado de activos, lo cual considera “tan agarrado de los pelos”.
Respecto de la “falsa denuncia” sobre acciones de Betail y Iara Ginsel, desmintió categóricamente la afirmación del periodista Cristian Sanz y otros de que su asistente sea testaferro y que él le transfirió acciones de Betail. Calificó la denuncia de Sans como “una falsa denuncia” y afirmó tener las pruebas (“la trazabilidad de las acciones de Betail”) para demostrar que es mentira y que Iara Ginsel no aparece como accionista de Betail.
Considera que la jueza no ha investigado esta afirmación y que la intención detrás de la causa es otra.
En relación con Bordet, indicó que no ha tenido ningún contacto con el ex gobernador Bordet desde que comenzó su situación judicial.
Y de su futuro político, subrayó que es consciente de que su carrera política está en pausa debido a la investigación judicial. Afirma que no será candidato ni ocupará ningún cargo público mientras dure la investigación. Su regreso a la política dependerá de que la investigación termine favorablemente.
De la situación de su entorno que está detenido, indicó que sabe a través de abogados. Encuentra estas detenciones “una barbaridad”, “un exceso, un abuso total de autoridad” e “increíble”. Cree que se ha construido una “mega causa” para meter presa a gente y se considera como “chivo expiatorio”.
Mientras espera la resolución judicial, se mostró firme: “Quiero volver a ver a mis hijos, no me estoy fugando de nada”. Aunque admitió que “si vuelvo a la Argentina, sé que mi destino será la cárcel de Ezeiza”.
