Con respaldo de cuatro bloques, se alcanzó un dictamen de mayoría para mejorar los servicios de atención y el acceso a pensiones
En el marco de una nueva iniciativa opositora, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados alcanzó un dictamen para sancionar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, que implicaría una actualización en los montos que reciben los prestadores de servicios y una mayor eficiencia en la aprobación de pensiones. El proyecto, que se presentó en medio de una movilización del sector en seis ciudades del país, aún debe ser aprobado en una sesión y, en caso de que eso suceda, deberá pasar por el Senado.
El dictamen mayoritario fue presentado por el titular de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (Unión por la Patria), quien planteó que no se actualizan las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) ni los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. En ese sentido, Arroyo apuntó contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “Le han pedido un nivel de ajuste tal que no es posible cumplir con las auditorías”.
“El Gobierno ha iniciado una auditoría, lo que es absolutamente correcto; está claro que hay personas que han accedido a una pensión y no les correspondía. Pero no están haciendo las auditorías como deberían hacerlas, porque no identifica a los médicos que han dado cantidad de certificados por encima del promedio y evaluar la situación o las localidades donde se está claramente por encima del promedio”, apuntó el diputado, quien Asimismo se refirió al contexto de urgencia que atraviesan las pensiones, dado que -según indicó- en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.
En ese marco, se presentaron en el plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Presupuesto cuatro dictámenes, de bloques que acuerdan con la declaración de emergencia pero con distintos proyectos: el mayoritario, con rúbricas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica (59 firmas); otro de Democracia para Siempre (8 apoyos de radicales opositores); el tercero de la Unión Cívica Radical (7); y un cuarto del PRO (14). Estos últimos hacen énfasis en modificar la legislación laboral para incentivar la empleabilidad de las personas con discapacidad.
Diputados buscan declarar la emergencia en discapacidad
En el inicio de las alocuciones, la santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal) apuntó contra “el mecanismo perverso que este Gobierno nacional ha definido para que le cierren los números: dejar en situación de mayor vulnerabilidad a aquellos que requieren del Estado para hacer acompañado”.
La pampeana Marcela Coli (Democracia para Siempre) utilizó el inicio de su intervención para criticar a José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por no convocar los temarios solicitados por la oposición: “Hoy no está cumpliendo su función, que es venir a ejercer su rol y escuchar quizás lo que no quiera escuchar”. En el cierre del encuentro, el santafesino Germán Martínez (Unión por la Patria) coincidió sosteniendo que “el debate que no quieren dar es el del presupuesto”: “Hay que tomar decisiones fuertes del cuerpo de diputados para con la Comisión del Presupuesto”.
Minutos después, el pampeano Martín Maquieyra (PRO) señaló que el deterioro de ingresos de las personas con discapacidad y pidió actualizar el nomenclador del ANDIS por IPC. Luego manifestó que “la real dignidad de las personas es que puedan conseguir un trabajo y que no los aten a la voluntad del Estado”, solicitando una modificación a la Ley de Empleo 24.013 para triplicar el tiempo de beneficios impositivos para aquellos que otorgan trabajo privado al sector.
A su turno, el mendocino Lisandro Nieri (UCR) reconoció que “tenemos la obligación de tomar cartas en el asunto porque el problema se agravó” y observó: “Si hacemos una reasignación eficiente de recursos podemos encontrarnos que los verdaderos beneficiarios de esto pueden enfrentar una mejor situación. Valoramos las auditorías y creemos que hay que ir a fondo con las responsabilidades penales de los que agrandaron un sistema falsamente”.
