El oficialismo podría ceder en su proyecto para consensuar el Régimen Penal Juvenil de la oposición, que pretende penalizar menores desde los 14 años
Con el propósito de obtener dictamen, comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron este martes para tratar una de las iniciativas más ambiciosas del oficialismo en materia de seguridad y legislación penal: sancionar una reforma de la baja de imputabilidad.
Se trata del quinto plenario en la Cámara de Diputados, en donde disertaron especialistas y los autores de los distintos proyectos de ley que buscan modificar el actual Régimen Penal Juvenil, establecido por decreto en 1980. La principal diferencia entre todos los bloques, que coinciden en explicitar garantías en las condiciones de vida en los centros cerrados para adolescentes atravesados por una situación penal, tiene que ver con la baja de la edad de punibilidad: la propuesta libertaria propone los 13 años, distintas iniciativas (PRO, UCR e incluso UP) coinciden en establecerlo en 14 y un sector mayoritario de Unión por la Patria intentará sostenerlo en los 16 años.
Luego de que la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos y la reforma de la Ley de Armas de Fuegoobtengan media sanción en la Cámara Baja, el Gobierno avanza paulatinamente con la suma de consensos para una serie de reformas de Seguridad y Justicia que impulsan. Entre estos proyectos, se encuentran Proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado (obtuvo dictamen), la Ley de Bien Restituido y el Régimen de Juicio por Jurados.
Baja de imputabilidad: la intervención de especialistas en Diputados
El neurólogo Conrado Estol “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años, que es un tercio de su vida y puede llegar a ser la mitad de su vida; siempre es a corto plazo”. En ese marco, planteó que “hay toda una oportunidad para cambiar la conducta de esos chicos”, señalando que “con planes de infancia, de adolescencia y juveniles; a través de la terapia cognitivo-conductual puede cambiar una conducta”.
La socióloga Silvia Stulchik recordó que “no se promovieron en los últimos años las reformas de los regímenes que mantuvieron la edad en 16 años, por lo que no se garantizaron los debidos procesos. Se ha descansado en las provincias en donde se privan de libertad a jóvenes menores de 16 años”. Posteriormente, citó las cifras del censo 2023 del Unicef, que registró que 4.153 adolescentes estuvieron detenidos en distintos regímenes; de ellos, un 60% son menores de 17 años y de ese subgrupo tan sólo 1,7% son menores de 16 años, por lo que argumentó que no se encuentra justificada en estadísticas la baja de imputabilidad.
