El organismo tripartito señala un panorama global de ataque a las libertades civiles y a los derechos de los trabajadores, dos pilares de la vida democrática
Mientras millones de hogares en todo el mundo se debaten en un agotador escenario de reducción de ingresos y persistente aumento del costo de vida, numerosos responsables políticos y empresarios buscan reducir drásticamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a exigir de manera colectiva salarios más justos o a ejercer su derecho a la huelga, por lo que la confianza de los trabajadores en la democracia se está desmoronando.
Así lo expone la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la 11ª edición de su Índice Global de los Derechos, que evidencia la situación actual de la lucha a escala mundial por la defensa y el ejercicio de dos pilares básicos de la democracia: los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras y de los sindicatos. Y en este sentido, el organismo multilateral apunta a los claros indicios de que gobiernos y empresas están acelerando sus esfuerzos para atropellar derechos básicos que hacen a la propia naturaleza de la democracia y el Estado de derecho.
En ese contexto, unas 4.000 millones de personas acudirán a las urnas en los próximos meses, con las fuerzas de extrema derecha al acecho buscando chivos expiatorios a los que culpar en vísperas de las elecciones, y presentando sus propios programas contrarios a los derechos de los trabajadores. La conclusión de la OIT es contundente: la propia democracia está en peligro.
Derechos vulnerados
El informe señala que en lo que va del año casi 9 de cada 10 países del mundo han vulnerado el derecho de huelga, mientras que aproximadamente 8 de cada 10 países han denegado a los trabajadores el derecho a negociar colectivamente mejores condiciones laborales.
Una novedad profundamente preocupante que cabe destacar este año es que en el 49% de los países se ha detenido o encarcelado arbitrariamente a miembros de sindicatos, un aumento frente al 46% registrado en 2023, y que más de 4 de cada 10 países han denegado o limitado la libertad de expresión o de reunión.
Estas cifras y tendencias acentúan un panorama mundial en el que derechos democráticos y libertades civiles que costó mucho conseguir están siendo objeto de graves e implacables ataques. Por eso este año la Confederación Sindical Internacional (CSI) decidió lanzar su campaña Por la Democracia, en apoyo de los derechos y las libertades que todas las personas deben poder disfrutar sin temor a verse perseguidas o reprimidas.
Argentina
El derecho a la libertad de expresión y reunión se ha restringido en el 43% de los países encuestados, frente al 42% registrado en 2023. En términos reales, en 65 de los 151 países encuestados se ha infringido este derecho, lo que supone un aumento de 29 países respecto a 2014, cuando empezó a elaborarse el Índice.
En Argentina se han llevado a cabo manifestaciones masivas en respuesta a los intentos del presidente Javier Milei de criminalizar las protestas en las calles en el marco de draconianas medidas de austeridad, y no viene mal recordar la protesta de hace pocos días frente al Congreso, luego de la cual fueron encarceladas 33 personas con cargos que no pudieron ser sostenidos judicialmente, conn lo que se apunta claramente a una maniobra intimidatoria por parte de las autoridades.
Por su parte Zimbabwe aprobó una ley que criminaliza los derechos de los zimbabuenses a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
Detenciones
En el 74% de los países se ha impedido el registro de sindicatos, frente al 73% registrado en 2023. En Egipto se calcula que el número de sindicatos independientes desde 2018, cuando se procedió a la disolución de los mismos, ha disminuido de 1500 a apenas 150.
Se han efectuado arrestos y detenciones de trabajadores en 74 países, un aumento respecto a los 69 registrados en 2023. En Myanmar, por ejemplo, las autoridades militares secuestraron a un dirigente sindical y lo mantuvieron incomunicado durante cinco meses, hasta que fue condenado por delitos de terrorismo sin haber podido disponer de representación legal.
El derecho de huelga se ha vulnerado en el 87% de los países, exactamente igual que en 2023. Nueve dirigentes sindicales de Camboya fueron procesados por participar en una huelga pacífica contra la represión sindical en un casino, mientras que las protestas masivas contra la reforma de las pensiones en Francia se vieron violentamente reprimidas por la policía.
Negociación colectiva
En el 75% de los países se ha denegado a los trabajadores el derecho a establecer o afiliarse a un sindicato, lo que supone una pequeña mejora con respecto a 2023, cuando en el 77% de los países los trabajadores quedaron excluidos de este derecho fundamental. Sin embargo, la situación sigue siendo grave en la mayoría de países. En Marruecos, los jueces no han podido establecer ni afiliarse a un sindicato.
En Rwanda, los servicios de seguridad no han podido organizarse. Y, en Japón, la ley excluye de este derecho a los bomberos, al personal penitenciario y a la Guardia Costera.
En el 79% de los países se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva, un porcentaje idéntico al de 2023. En Sri Lanka, el Gobierno eliminó cuatro sindicatos del reconstituido mecanismo consultivo nacional tripartito, el National Labour Advisory Council, gracias a lo cual los empleadores puedan influir más fácilmente en las reformas de la legislación laboral.
Pocas mejorías
En el 65% de los países los trabajadores no han tenido acceso o han tenido un acceso restringido a la justicia, igual que en 2023. Un ejemplo escandaloso ha sido el del Tribunal Supremo de Macedonia del Norte, que transfirió al Estado los bienes de la Federación de Sindicatos de Macedonia (CCM), legitimando de hecho la expropiación forzosa de los bienes de un sindicato.
Los 10 peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2024 han sido: Bangladesh, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Túnez y Turquía.
Las calificaciones de 13 países empeoraron en 2024: Arabia Saudita, Costa Rica, Federación Rusa, Finlandia, Israel, Kirguistán, Madagascar, México, Nigeria, Qatar, Sudán, Suiza y Venezuela.
Sólo dos países, Brasil y Rumanía, han registrado mejoras en su calificación.
