Daniel Marchi volvió a declarar y aseguró que su traslado fue una represalia por haber entregado a la comisión de Juicio Político cuatro informes de auditoría internos de la obra social. Además, advirtió un “posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” por parte de Silvio Robles bajo la orden de Rosatti
El ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Marchi, declaró por segunda vez como testigo ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y denunció que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, lo amenazó y que arreglaba contratos por fallos. Además apuntó contra el juez Juan Carlos Maqueda por irregularidades en la gestión de la obra social del Poder Judicial.
Marchi, que fue desplazado el mes pasado de la Secretaría General de Administración luego de 15 años en el cargo, advirtió que su traslado fue una represalia por haber entregado a la comisión de Juicio Político cuatro informes de auditoría internos de la obra social.
La acordada fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Mientras que Ricardo Lorenzetti votó en contra del traslado de Marchi a la Cámara Federal de la Seguridad Social.
“Me negué a encubrir al doctor (Mariano) Althabe y al doctor Silvio Robles”, aseguró el ex administrador en referencia al presidente del directorio de la obra social, nombrado recientemente por Rosatti y al vocero del presidente del máximo tribunal.
Y denunció que luego de presentar el cuarto informe de auditoría, Rosatti lo amenazó y le dijo que “si corría peligro el cargo de Althabe”, él se iría “primero”. “Además me pidió destruir parte del legajo del doctor Altabe, donde Rosatti lo proponía. Yo me negué rotundamente. Y advertí que no me asustaba su amenaza”, continuó declarando frente a la Comisión de juicio político.
En ese sentido, aseguró que “la falta de contabilidad general no genera certezas y es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción”, algo que varios testigos confirmaron ante la comisión cuando señalaron que la obra social no contaba con un sistema contable unificado ni presupuestos.
Y remarcó: “Esto se corresponde con las gestiones de Maqueda y Rosatti”.
En su primera declaración, Marchi había detallado que la obra social estuvo bajo la supervisión del juez Maqueda durante casi todo el período analizado en sus informes, que se realizaron durante 2021 y se remontaban hasta 2008. De esa fecha en adelante, la responsabilidad -según Marchi- pasó a Rosatti.
Por otro lado, al iniciar su declaración Marchi leyó un escrito en el que también denunció “el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” por parte de Silvio Robles quien habría actuado por orden de Rosatti en favor de la Cámara de Casación.
“Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, señaló.
Al respecto, Marchi recordó: “Esta causa tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti”. “Dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022, para dejar en claro esta situación”, recomendó Marchi.
Es que Rosatti enfrentó una causa por enriquecimiento ilícito tras una denuncia de Carlos Alfredo Vera, chofer del ex intendente de la ciudad Martín Balbarrey, quién aseguró que el juez de la Corte recibía sobres con efectivo entre 2003 y 2007, el presidente de la Corte recusó al juez Reinaldo Rodríguez y la Cámara de Casación lo apartó en marzo del año pasado.
Cerca del final de su declaración, el diputado Rodolfo Tailhade le pidió a Marchi que brinde más detalles sobre la situación denunciada y el ex administrador explicó que el otorgamiento de contratos “pudo haber sido una demostración de poder hacia ciertos magistrados”.
“Debería analizarse todo el circuito de esa causa, para ver si Robles quiso o no ejercer una demostración de poder. Ese lugar no era prioridad (para los contratos)”, consideró.
A pesar de haber sido el administrador general de la Corte Suprema, Marchi insistió en que la Obra Social funcionaba de forma autárquica y por lo tanto fuera de su esfera de influencia.
La semana pasada, el funcionario judicial también declaró en el marco de la causa penal en la que se investigan las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) citado por el juez federal Ariel Lijo.
En Comodoro Py declaró: “El sólo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”.
