Oficialismo y oposición quieren alcanzar el consenso para aprobarlo el 25 de octubre. Retenciones, “cláusula gatillo” por inflación y subsidios, las cuestiones que quedan por resolver
En lo que será la última semana del debate en comisión, el oficialismo y la oposición intentarán negociar los cambios al Presupuesto 2023 para emitir un dictamen de consenso y votarlo en una sesión que se realizará el 25 y el 26 de octubre.
El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el resto de las fuerzas opositoras coinciden en algo: quieren que se apruebe la “Ley de leyes”. Los primeros para dar una señal clara hacia afuera, después de la firma del acuerdo con el FMI, y evitar un escenario similar al del año pasado en el que la oposición rechazó el Presupuesto diseñado por el entonces ministro Martín Guzmán. En tanto, la coalición opositora teme que si no se vota el proyecto, las provincias gobernadas por el radicalismo salgan perjudicadas, pero sobre todo se termine beneficiando al oficialismo en un año electoral.
Las conversaciones entre los diferentes sectores comenzaron apenas el proyecto llegó a la Cámara de Diputados y se intensificaron en los últimos días. En relación a varios de los artículos cuestionados, el bloque del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez, dejó abierta la puerta para introducir modificaciones. Incluso, el propio secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, durante su exposición en la comisión de Presupuesto y Hacienda, se mostró predispuesto a cambiar el artículo que prorroga la facultad del Ejecutivo nacional para fijar retenciones, tras el reclamo de los diputados de Juntos por el Cambio.
Sin embargo, no es el único pedido que hace la oposición para acompañar el proyecto que envió al Congreso el ministro de Economía, Sergio Massa. Uno de los puntos que genera más discusión tiene que ver con los fondos para el transporte automotor de pasajeros del interior del país, fijados en 66 mil millones de pesos. Son muchas las provincias que vienen solicitando un incremento ante la disparidad que hay con el AMBA en torno del precio del boleto. Dentro de la Cámara baja, los que más plantearon esa cuestión son los integrantes del interbloque Federal, que encabeza Alejandro “Topo” Rodríguez.
Juntos por el Cambio llevó a la mesa de discusión un tema vinculado a la pauta de inflación. Pidió al oficialismo que en el Presupuesto se incluya una “cláusula gatillo” para que si la suba de precios llega a estar por encima del 60% y, por lo tanto, la recaudación también, se envíe una corrección sobre cómo será la distribución de los recursos.
También hay negociaciones puertas adentro del Frente de Todos. Los legisladores que militan en La Cámpora y el Frente Patria Grande quieren que se incrementen las partidas destinadas a Educación y Desarrollo Social. Según sostienen desde esos espacios, se trata de un Presupuesto de “ajuste” del gasto público, pero sostienen que ahora la discusión está puesta “en dónde se ajusta”, por lo que buscarán que no sea en el área social, más aún después que hubo una suba de la indigencia del 8,2% al 8,8%.
