El interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) rechazó los intentos de “persecución política” contra la Vicepresidenta, que provienen de “una parte de la Justicia”
El interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) rechazó los intentos de “persecución política” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que provienen de “una parte de la Justicia” a través de la causa que se lleva adelante por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.
En un comunicado, el grupo de senadores que encabeza el formoseño José Mayans expresó que la persecución contra la funcionaria se lleva a cabo desde la Justicia y “en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares”.
“Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa, con jueces y fiscales que lejos parecen estar de la imparcialidad que demanda el ejercicio del derecho”, señalan en el escrito.
Los senadores aseguran que “desde hace años” asisten “a una guerra no declarada por parte de un sector de la Justicia y de una parte de la prensa, que responden, de forma cada vez más clara, a intereses políticos partidarios y de los grandes centros de poder”.
“Esa estrategia -dijeron- se aplicó en distintos casos ocurridos en el país y también se replicó a nivel regional” con el fin de “eliminar todo tipo de adversario político y, a su vez, ejercer un control social, a través de imponer el miedo y el castigo a quienes intenten representar intereses distintos a los que el poder real ostenta”.
Los legisladores repudiaron “la utilización de la Justicia para realizar acciones deleznables como las referidas, con las que buscan condicionar, ilegitimar y anular desde punto de vista político y social a una líder popular como es la dos veces presidenta de la Nación y ahora vicepresidenta”.
“Este tipo de maniobras vulneran la vigencia de los derechos humanos, el republicanismo y el buen ejercicio de la justicia, además de estar profundamente reñidas con lo que debe ser la práctica política”, añadieron.
En el final del comunicado, llamaron a los argentinos a “reflexionar y prestar especial atención a lo que está ocurriendo a nivel judicial para evitar que se concreten acciones vergonzosas como las señaladas” y afirmaron que “el país necesita de una Justicia que respete los derechos humanos y garantice un servicio de justicia imparcial”.
El apoyo de los senadores y senadoras del Frente de Todos se suma al del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, que expresó su “solidaridad” con la “compañera” vicepresidenta y repudió “todo intento de persecución política y judicial”.
“El bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos ratifica su solidaridad con la compañera vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y repudia toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales”, señaló un comunicado de la bancada que conduce el santafesino Germán Martínez.
Además, alrededor de 500 intendentes de todo el país respaldaron a la Vicepresidenta ante el juicio que se lleva a cabo en su contra por acusaciones de presunta corrupción en la obra pública.
Por medio de un comunicado, aseguraron que el juicio oral que la ex presidenta enfrenta por el posible desvió de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, caso conocido como “Vialidad”, representan -en realidad- un intento por proscribirla de la actividad política.
“La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, apuntaron.
En ese sentido, exteriorizaron -en representación de “Los Intendentes del Interior del país”- “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
Este lunes concluirán las audiencias del Ministerio Público Fiscal y el fiscal Diego Luciani, se prevé, pedirá una dura condena contra la ex presidenta, a quien señala como como jefa de una asociación ilícita, responsable de la defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además de solicitar una pena de prisión efectiva, reclamará la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, lo que es interpretado por el kirchnerismo como un intento de proscripción política.
