La investigadora Magdalena Rúa expondrá frente a los legisladores sobre el rol de los bancos internacionales en la fuga de capitales. La especialista es autora de un libro titulado “Fuga de capitales: el rol de los Bancos Internacionales y el caso HSBC”
Las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación volverán a reunirse el próximo martes 19 para continuar escuchando la opinión de especialistas sobre el proyecto que contempla crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI a partir del blanqueo de dólares fugados en el exterior del país.
En el primer encuentro, que tuvo lugar el martes pasado, los senadores recibieron a representantes del Banco de la Nación Argentina, licenciados y doctores en Economía que defendieron la iniciativa presentada por el senador oficialista, Oscar Parrilli.
Ahora, será el turno de la investigadora Magdalena Rúa que revelará el rol de los bancos internacionales en la fuga de capitales. La especialista es autora de un libro titulado “Fuga de capitales: el rol de los Bancos Internacionales y el caso HSBC”.
“El estudio del caso HSBC permite advertir el significativo daño que provoca la fuga de capitales a los países de bajos y medianos ingresos. A su vez, confirma el rol de los bancos globales como eslabón clave de esta problemática estructural y la persistencia de la hermeticidad de los negocios del sistema financiero”, indica Rúa en un artículo conjunto firmado por el economista Jorge Gaggero.
Los autores afirman que “en septiembre de 2014, la AFIP recibió de parte del gobierno francés información sobre 4.040 clientes argentinos del HSBC Suiza, de los cuales solamente 39 habían declarado sus tenencias”. En este sentido, estimaron que “el total de los fondos de residentes argentinos colocados en Ginebra supera los 2.600 millones de dólares. Los datos que se obtuvieron corresponden al año 2006 y a una parte del año 2005”.
Tras el destape del caso, la Argentina fue uno de los primeros países del mundo en iniciar acciones legales contra el HSBC. “En diciembre de 2014, el Congreso nacional sancionó la creación de una ‘Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país’, que se dedicó a investigar durante el año 2015 el caso HSBC e indagar sobre la existencia de un comportamiento generalizado en el resto de los bancos privados”, indica el texto.
“A pesar de ello, por el momento, el banco HSBC y sus directivos han resultado pasibles solamente de la aplicación de multas insignificantes, si se las compara con los daños fiscales provocados, parte de ellas suspendidas por la Justicia”, explicaron.
La semana pasada, Juntos por el Cambio, que ya expresó su desacuerdo con la iniciativa, pidió que concurran al Congreso el ministro de Economía, Martín Guzmán; al presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce; a la administradora Federal Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont y al constitucionalista Daniel Sabsay. Por el momento, el oficialismo se negó a darle curso a este pedido.
La Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe rechazó el fraude fiscal y apoyó el proyecto
Las organizaciones que formamos parte de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) emitieron un comunicado en el que brindaron su apoyo a la ley que es debatida en el Congreso de la Nación.
“Estamos convencidos que ir en busca del dinero escondido en guaridas fiscales es ir en busca de una solución al problema de la desigualdad. Sin recursos económicos los países no crecen y si las elites empresariales reducen su parte de impuestos acudiendo a maniobras de fraude fiscal vía estas guaridas, los países terminan presos de la trampa de la deuda o la ‘cooperación internacional’ para financiar su desarrollo”, consideraron.
La entidad explicó que solo por evasión fiscal América latina y el Caribe pierden 320 mil millones de dólares por año, según la CEPAL. “Se pierden además, por incentivos tributarios, 5% PBI regional y por no gravar a las grandes fortunas perdemos, actualmente, 26 mil millones de USD por año según un informe de Latinidad, RJFLAC y Fundación SES”, agregaron.
Además, indicaron que mientras la OCDE siga dictando las reglas de lo que se puede o no hacer en materia de transparencia fiscal y financiera, “muy pocas cosas cambiarán”. “Urge democratizar los espacios de debate, los países más afectados por estas estafas deben ser parte de la mesa de discusión”, continuaron.
“Tenemos que caminar hacia un nuevo paradigma tributario, de reglas claras y sanciones ejemplares. Necesitamos un organismo supranacional que trabaje en recomendaciones de políticas anti elusión y anti evasión. CELAC podría ser una buena plataforma para este proyecto, no la OCDE”, concluyeron.
