Los gremios dudan del escenario económico y quieren cubrirse con lapsos más cortos para el acuerdo con empresarios
En la cartera laboral ya iniciaron los preparativos para la convocatoria. Será a mediados de este mes y tendrá como guía una premisa que adelantó días atrás el propio ministro Claudio Moroni: el Gobierno espera para este año una pauta de aumentos salariales de 40 por ciento. El número surgió a partir de la inflación de 33% que proyectó el equipo económico para el Presupuesto 2022 que finalmente quedó en el camino bloqueado por la oposición, y el postulado todavía vigente por parte de la administración de Alberto Fernández de que los salarios deberán ganarle al costo de vida. También, como un intento de freno en las expectativas inflacionarias que marcan las propias consultoras relevadas por el Banco Central que sitúan la variación anual en alrededor del 55 por ciento.
Como parte de la propuesta oficial figura una instancia de revisión hacia el mes de septiembre, al promediar la vigencia del eventual acuerdo en el Consejo del Salario. Los funcionarios confían en que un posible cierre no traumático de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudará a moderar las expectativas de subas de precios para mantener en esos carriles las paritarias de este año y así evitar una espiralización. Hasta ahora en las negociaciones de vidriera nacional los docentes pactaron una suba orientativa de 45,5% (que contempla una pérdida de poder adquisitivo de al menos un punto el año pasado), los aceiteros, un 39 por ciento, y la Asociación Bancaria una suma puente (variable de acuerdo a cada categoría) a cambio de diferir la discusión de fondo hasta marzo.
El plan del Gobierno chocará con la desconfianza sindical ante un horizonte económico todavía demasiado volátil, sujeto incluso a variables incontrolables como la invasión de Rusia a Ucrania. Así, aunque todavía no hubo pronunciamientos formales, las centrales obreras llamadas a participar en las negociaciones (la CGT y las dos CTA, la de los Trabajadores y la Autónoma) intentarán plantear volúmenes de aumento superiores para el Consejo del Salario por entender que la recuperación del poder adquisitivo debe ser superior a los pocos puntos que plantea el Ejecutivo. Pero además, crece en esas centrales la certeza de que los entendimientos con las cámaras patronales deberán ser necesariamente por plazos menores a los doce meses. Ya el año pasado un primer acuerdo alcanzado en abril resultó insuficiente y demandó una segunda reunión en septiembre.
En la CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky, analizan por caso presentar la discusión de este mes como una revisión de las pautas acordadas el año pasado y no como el arranque de un nuevo ciclo por 2022. Se trata de una diferencia de formas pero que puede tener implicancias en el fondo: mientras el Gobierno destaca que la suba total en 2021 fue de 52,7%, la tesis de este sector sindical partiría del ajuste de septiembre pasado, de 16 por ciento, y demandaría un incremento suficiente para asegurar hasta septiembre próximo un resultado a favor de los ingresos contra la inflación. En enero pasado, una familia de cuatro miembros necesitó de 78.624 pesos de ingresos para no ser pobre.
