El vicepresidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y representante del Gobierno misionero en ese organismo, Ricardo Maciel, afirmó que “Corrientes defiende su modelo de desarrollo productivo, basado en la integración vertical: la industria, secaderos, productores
En tanto que Misiones defiende un desarrollo más horizontal”. “Queremos que haya plantaciones de yerba, pero también queremos tener agricultores que cultiven yerba mate; no queremos latifundios yerbateros y con ello que haya desplazamiento de agricultores”, definió.
Mientras el Gobierno de Misiones respalda la Resolución 170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que limita las plantaciones anuales a partir del 1 de enero del 2022 (los productores inscriptos podrán incorporar hasta 5 hectáreas de nuevas plantaciones. Además, podrán implantar anualmente hasta el 2% de las superficies de yerbales ya existentes y declarados ante el INYM, y estarán habilitados para reponer todas las plantas secas o muertas dentro de un lote ya declarado, sin alterar la densidad original de la plantación).
El Gobierno del correntino Gustavo Valdés (ambas provincias son las únicas productoras de yerba mate) apoya un recurso de amparo contra esa Resolución que presentó la empresa La Cachuera -de Misiones- en representación de la industria. Ahora será competencia de la Corte Suprema resolver el conflicto que disparó el juez federal correntino de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda.
La yerba mate pasa por un buen momento económico, lo que animó a inversores del sector y a nuevos actores al negocio de la producción, alentados justamente por el precio de la materia prima. Entre los que promueven esta situación está el Gobierno de Corrientes. Enfrente, Misiones respalda la Resolución 170 (a la vez cuenta con el aval del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) que al limitar las plantaciones anuales, “protege a unos 8.000 pequeños productores con áreas de cultivo de entre 25 y 50 hectáreas y frena el avance monopólico que pretende latifundios en el sector”, dijo Maciel.
La Resolución 170 frenó el avance de las grandes yerbateras y de otros inversores que pretendían grandes extensiones. En la disputa dentro del Inym, la industria y el Gobierno de Corrientes se manifestaron en contra, pero se impuso la mayoría. Eso disparó la arremetida del Gobierno correntino que rechazó la resolución y salió en defensa de la industria.
