La oposición consiguió las 730.000 firmas que hacían falta para convocar a la notación, que será el 27 de marzo
La Corte Electoral de Uruguay validó el miércoles la cantidad de firmas necesarias para convocar un referéndum o contra parte de una ley clave del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou que se realizará el 27 de marzo próximo, informaron las autoridades judiciales.
El opositor Frente Amplio (FA) y organizaciones sociales presentaron en julio más de 730.000 firmas para impulsar esta instancia contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la hoja de ruta de la coalición oficialista de derecha que entró en vigencia en junio de 2020.
Para activar este mecanismo es necesario un 25% del padrón electoral, lo que equivale a 671.544 firmas, las cuales se alcanzaron este mediodía, según informó la Comisión Nacional pro Referéndum, el grupo que impulsa la consulta. Horas más tarde, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, anunció que el referendo se realizará el 27 de marzo próximo y dio detalles de la votación: las hojas por el Sí serán de color rosado y las del No, celeste.
La LUC es el buque insignia de Lacalle Pou, quien asumió el 1 de marzo de 2020 tras 15 años de mandatos de izquierda. Fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de julio de 2020 y constituye una de las normas más importantes de la actual administración, defendida por Lacalle Pou como «buena, justa y popular».
Sin embargo, desde la oposición se levantaron voces en contra y el Frente Amplio advirtió que se perdieron derechos y libertades y que se legisló a favor de los más privilegiados. El FA llamó a derogar 135 de los 476 artículos de la ley, la cual refleja los principales puntos del programa de la coalición oficialista, abarcando temas tan diversos como seguridad pública, educación, economía o salud.
Entre los puntos más cuestionados están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que «afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios», con la consecuente facultad para disolverlos.
En cuanto al Código Penal, la LUC amplía para los menores en edad imputable las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad. También extiende el concepto de legítima defensa a un bien material, alarga de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, y otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos «preventivos rutinarios».
También dispone cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación. Analistas entienden que el referendo podría convertirse en una suerte de plebiscito sobre la gestión del mandatario, que de acuerdo a las encuestas aún cuenta con aceptables niveles de aprobación.
