La Asistencia al Trabajo y la Producción fue uno de los primeros auxilios que lanzó el Gobierno en la pandemia. La AFIP presentó un plan de pagos para que hagan frente al pedido
El Gobierno comenzará a avanzar contra alrededor de 2.000 empresas que recibieron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia del coronavirus pero que destinaron el auxilio para la compra de dólares o la distribución de utilidades, entre otras inconsistencias. La sanción implica la devolución del dinero al Estado y desde la AFIP presentaron distintas alternativas de pago.
A través de la Resolución General 5035/2021 publicada este miércoles del Boletín Oficial, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont definió que las empresas que incumplieron la iniciativa tendrán un plazo de 15 días hábiles desde la llegada de la notificación para transferir el dinero a las arcas estatales. Además, aclara que «los intereses a aplicar sobre el monto del capital (importe del beneficio que se reintegra) serán calculados desde la fecha en que se hayan acreditado las sumas en las cuentas de los trabajadores, hasta la de la efectiva restitución del importe adeudado».
Respecto a las facilidades de pago, AFIP presentó una plan de financiación de contemplará un pago a cuenta de 20% de la deuda consolidada y 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas para saldar el resto. Asimismo, detalla que el importe de cada una de las cuotas y del pago a cuenta será igual o superior a $1.000, la tasa de financiación efectiva mensual será del 2%, y la fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente a la fecha de cancelación del pago a cuenta.
Una de las primeras medidas que lanzó el Ejecutivo frente a las restricciones impuestas por el avance de la pandemia del coronavirus fue el lanzamiento del ‘salario complementario’, una de las iniciativas contemplada dentro del programa ATP. Mediante esta se buscó auxiliar de forma directa a las compañías que vieron frenada su actividad a través del destino del dinero para cubrir el pago de salarios a sus empleados. Para esto se destinó alrededor de 220.000 millones de pesos.
Meses después de su lanzamiento, cuando el escenario sanitario comenzó a mejorar y se le puso fin a la asistencia, el Gobierno puso el foco sobre más de de 3.500 compañías (grandes empresas, pymes, asociaciones civiles, hasta obras sociales) por detectar algunos movimientos incongruentes en el mercado financiero.
De acuerdo a la información emitida por el organismo fiscal, las empresas habrían adquirido divisas a través del “contado con liqui” por 500 millones de dólares luego de recibir el auxilio estatal. Uno de los requisitos que tenía las compañías para acceder al auxilio era no tener respaldo en dólares o títulos públicos en dólares para hacer frente a la situación.
Además, también se registraron otro tipo de incumplimientos como distribución de utilidades, recompra de acciones, remisiones al exterior o una suba de honorarios, entre otros. Tras varias semanas de trabajo, se definió que 2.200 beneficiarios habían incumplido las normas impuestas por el organismo regulador.
