Diputados: JxC quiere renovar el protocolo de sesiones virtuales cada semana para evitar la reforma judicial

En el interbloque opositor, además, pidieron al presidente Alberto Fernández que retire el proyecto que modifica la estructura del Poder Judicial

 

 

 

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para renovar por 30 días el protocolo de las sesiones virtuales en Diputados están frenadas. Ante el temor de que el Frente de Todos quiera tratar el proyecto de reforma judicial de manera remota, desde Juntos por el Cambio propusieron que el reglamento se prorrogue semana a semana.

El objetivo de máximo de la coalición opositora es que el presidente Alberto Fernández retire la iniciativa que modifica la organización y la competencia de la Justicia Federal y en su lugar presente un “proyecto de consenso”. En caso de que eso no suceda, sostienen que sólo respaldarían el protocolo de sesiones telemáticas, si el oficialismo accede a dejar afuera del temario aquéllos temas que no cuentan con el acuerdo de todos los bloques.

“Creemos que los temas de trascendencia institucional, que son estructurales, que son de largo debate, que pueden tener muchos dictámenes de minoría, que significan discusiones, polémicas y votaciones divididas, hay que evitar tratarlos en sesiones remotas”, dijo el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri.

Para esquivar el debate del proyecto de reforma judicial, que ya se está tratando en comisiones en el Senado y podría aprobarse a fin de mes, desde Juntos por el Cambio plantearon en las últimas horas la posibilidad de que el protocolo que regula las sesiones virtuales se renueve semanalmente, en lugar de que sea por un lapso de 30 días, como se hizo hasta ahora.

“Si renovamos semana a semana nos podemos asegurar de que no se traten temas que no cuentan con el consenso necesario, como el de reforma judicial”, apuntaron desde el interbloque opositor. Uno de los argumentos que dan para explicar su rechazo al tratamiento del proyecto de reforma judicial en las sesiones virtuales es que “el sistema remoto viene funcionando mal”, por lo que es necesario “asegurarse que se debata de forma presencial para evitar eventuales problemas al momento de la votación”.

Más allá de la resistencia del interbloque opositor a revalidar el reglamento, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, espera a llegar a un acuerdo en la próxima reunión de Labor Parlamentaria, que podría concretarse la semana siguiente. Según fuentes del oficialismo, hay dos proyectos en la mira para tratar, el de alquileres comerciales y el de promoción del Turismo -que impulsa el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens-, que tiene dictamen de mayoría. También hay una iniciativa de la oposición para declarar la emergencia en este sector.

Aun así desde el Frente de Todos acusaron a las bancadas de PRO, la UCR y la Coalición Cívica de impedir el funcionamiento del Parlamento. “Juntos por el Cambio busca paralizar el Congreso”, dijo la diputada oficialista Cristina Álvarez Rodríguez, quien además subrayó que “se oponen a emitir dictámenes o a tratar temas como, por ejemplo, internet gratuito y conectividad para las escuelas públicas, sólo porque no quiere debatir la reforma del Poder Judicial”.

“No hay ningún otro bloque, que no sea Cambiemos, que quiera entorpecer el funcionamiento; por eso vamos a seguir convocando a las comisiones y, eventualmente, a una sesión especial para prorrogar el protocolo de funcionamiento remoto con los bloques opositores que estén de acuerdo; no vamos a cerrar el Congreso”, agregó la vicejefa del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau.

Negri fue el encargado de responder las declaraciones de las dos legisladoras oficialistas. “No estamos en contra de que el Congreso trabaje, lo hemos estado haciendo, lo seguiremos haciendo. Creemos que hay que ir recobrando la normalidad, con los protocolos de sesión que corresponden, que se vayan adaptando”, aseveró el diputado cordobés.

En la pulseada que se viene, el bloque oficialista confía en que Juntos por el Cambio no está dispuesto a pagar el costo político de quedar como el responsable de una parálisis del Parlamento por el sólo hecho de no querer tratar un proyecto en particular. Desde esa premisa, retomarán las conversaciones.

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