El Frente de Todos y Juntos por el Cambio negocian cuáles serán algunas de las iniciativas que tratarán en los próximos 30 días en el marco de la cuarentena por la pandemia del COVID-19
En un segundo encuentro virtual, el oficialismo y la oposición negociarán los temas a tratar durante el próximo mes y renovarán el protocolo que regula las sesiones remotas.
Tras la reunión que mantuvieron el martes pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de los diferentes bloques se volverán a ver las caras mañana a las tarde a través de teleconferencia para terminar de definir la prórroga del texto que reglamenta las sesiones telemáticas. Uno de los requerimientos que vienen haciendo desde el interbloque de Juntos por el Cambio para revalidar esta metodología es que el Frente de Todos ponga sobre la mesa los proyectos que quiere llevar al recinto.
Desde la coalición opositora ya dejaron en claro que no quieren que se traten temas que no cuenten con el consenso mayoritario, como la iniciativas que plantean un impuesto extraordinario a las grandes fortunas o la expropiación del Grupo Vicentin, las cuales por el momento están frenadas.
Según fuentes del bloque oficialista, una de las cuestiones que se podría debatir durante la cuarentena es una ampliación del Presupuesto, en lugar de apelar a los poderes especiales que tiene el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas. La idea es que esos recursos sean destinados para las ATP para pymes y el Ingreso Familiar Obligatorio (IFE), que continuarán siendo otorgados en el AMBA y Chaco, y también para un refuerzo al PAMI y un aumento de transferencias sociales.
En referencia a esta cuestión, desde Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que el Gobierno nacional no excluya al resto de las provincias del pago del IFE.
El oficialismo y la oposición también analizan tratar una serie de créditos a tasa cero y una fuerte eximición de impuestos para el sector turístico y gastronómico; una ley de alquileres de comercio para suspender los desalojos y establecer un congelamiento de costo; y una moratoria para monotributistas, autónomos o pymes.
