El asesinato de la joven Fátima Acevedo podría constituirse en el primer caso en ser juzgado por un jurado en la provincia. El director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana, Andrés Harfuch, confirmó que el caso encuadra dentro de los supuestos establecidos por la ley aprobada el año pasado
La carátula fijada por el Ministerio Público Fiscal en la causa especifica que el delito investigado es homicidio simple agravado por el vínculo, que tiene una pena mayor de 25 años.
La ley de Juicio por Jurados (10.746) sancionada por la Legislatura provincial fija que es obligatorio que sean juzgados por un jurado popular los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de veinte o más años de prisión o reclusión.
“Deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, aún en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de veinte (20) o más años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, cuando al menos uno de ellos tuviere prevista una pena máxima en abstracto de veinte (20) o más años de prisión o reclusión.
La integración con jurados es obligatoria e irrenunciable, sin perjuicio de que son admisibles las formas alternativas de resolución de los conflictos hasta el momento inmediatamente antes de la fijación de la audiencia de voir dire para seleccionar al jurado”, indica el artículo 2º de la legislación vigente.
Harfuch, confirmó que este delito recae dentro de las pautas para que el juicio sea llevado ante un jurado, que deberá componerse por 12 titulares y cuatro suplentes, integrado por hombres y mujeres en partes iguales.
Hasta el momento, el único detenido en la causa es Jorge Nicolás Martínez, ex pareja de Fátima Acevedo, detenido en prisión preventiva desde la semana pasada. Para la Fiscalía, Martínez es el responsable del hecho.
La ley 10.746 fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia el 2 de diciembre de 2010 y a los 15 días entró en vigencia en todo el territorio provincial. A partir de ese momento, el Superior Tribunal de Justicia tenía dos semanas para proceder a confeccionar los listados de ciudadano habilitados a ser jurados.
