“Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina, en base a los casos recopilados y verificados por las Naciones Unidas”, reveló un informe de ese organismo
El estudio fue elaborado por el francés Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, presentado este miércoles en Ginebra (Suiza) y cuestionado poco después en Bogotá por el gobierno de Iván Duque.
En un comunicado, la Cancillería replicó que Bogotá reconocía “el papel de la ONU en la promoción de los derechos humanos”, pero enfatizó en la “necesidad” de que sus “relatores cumplan su importante función en línea con el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos”.
Con esa advertencia, el gobierno pidió “establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente” y “tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado”.
La semana anterior, la administración Duque también cargó contra el italiano Alberto Brunori, representante local de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que en su informe anual denunció aumento de los asesinatos de defensores sociales y de las masacres en el país.
Bogotá refutó ese informe y fueron repetidas las frases como “intromisión”, “soberanía” y “sesgo” por parte del presidente Duque y otros funcionarios que lamentaron que el reporte no exaltara los logros en su política de paz con seguridad y de pacificación mediante un enfoque de desarrollo social.
En su informe de hoy, Forst puso al descubierto que no solo las balas acallan a los defensores, sobre ellos también se ciernen todo tipo de “amenazas, ataques, desplazamientos y otras violaciones” por “implementar la paz, oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción, la tenencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades”.
Precisó que desde la firma del acuerdo de paz con el grupo guerrillero FARC fueron asesinados 323 defensores en un “contexto de altos índices de impunidad”.
El reporte destacó que tanto el Presidente como otros “funcionarios de alto nivel” reconocen el “papel” de los defensores, pero lamentó que otros “dirigentes políticos, funcionarios públicos, personas influyentes” los estigmaticen señalándolos de “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollo” o “informantes”.
Agregó que la “deslegitimación de las personas defensoras se agrava con su criminalización” y lamentó además que a algunos de ellos se les acuse o judicialice sobre la base de pertenecer a grupos armados ilegales.
Frente a este tema, Cancillería consideró como una “acusación inadmisible” la “supuesta criminalización estatal de los defensores de Derechos Humanos en Colombia”, puesto que “desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales”.
Todo este asunto coincidió con los dichos lanzados en la víspera por la ministra de Interior, Alicia Arango, quien aseguró en un acto público con líderes sociales que “aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”.
Este miércoles Arango se ratificó en su afirmación y aseguró que no pedirá “disculpas” y “sigo firme en que Colombia tiene que darle una mirada a la seguridad ciudadana también, eso no le quita la importancia a lo otro”.
El informe del relator especial también manifestó preocupación por la aparente conexión entre una petrolera extranjera y la estatal Ecopetrol con el Ejército, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa mediante convenios económicos para asegurarse protección o para reforzar labores de investigación en temas como el bloqueo de vías. Al respecto, el gobierno dijo que “las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales” son “afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”.
Para Guillermo Fernández de Soto, embajador ante la ONU, el informe de Forst “es una especie de media verdad, porque presenta cosas que no están comprobadas con fuentes veraces”, ni acude a “cifras oficiales” y el “gobierno está en todo su derecho de hacer estas observaciones, de manera respetuosa y puntual”.
