El debate de la Ley de Solidaridad pone a prueba las coaliciones

El proyecto ómnibus que contempla la emergencia económica, sanitaria y alimentaria, que el Poder Ejecutivo nacional ingresa hoy a la Cámara de Diputados, pondrá a prueba la unidad del interbloque de la alianza Juntos por el Cambio en su nuevo rol como principal espacio opositor. En medio de los reacomodamientos internos, el desafío de las bancadas de PRO, la UCR y la Coalición Cívica- ARI será definir una estrategia común en el recinto el miércoles próximo en la que será la primera votación en el Congreso bajo el gobierno de Alberto Fernández

 

La convocatoria a sesiones extraordinarias del 13 al 31 de diciembre no despejó las dudas que los jefes de los bloques opositores tenían y que recién hoy podrán aclarar cuando tengan entre sus manos el texto de la iniciativa del oficialismo y se reúnan con los ministros de las diferentes áreas, Martín Guzmán, de Economía; Daniel Arroyo, Desarrollo Social; y Ginés González García, de Salud.

El proyecto llamado “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, en términos generales, busca reasignar partidas presupuestarias y modificar el esquema impositivo para destinar mayores recursos a los sectores de menores ingresos, en sintonía con lo propuesto por Fernández durante la Asamblea Legislativa.

En diferentes entrevistas que concedió a diarios nacionales durante el fin de semana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que la iniciativa incluye un impuesto de alrededor del 20% a los consumos en dólares, cambios en las alícuotas de Bienes Personales, una moratoria fiscal para las pymes y habilita al Ejecutivo nacional a incrementar los montos de jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el salario mínimo antes de fin de año.

Mientras en el Gobierno nacional ultimaban los detalles de la letra chica de la ley, desde Juntos por el Cambio cuestionaban la decisión del presidente de enviar un proyecto ómnibus, que abarcará la triple emergencia, en lugar de presentar cada iniciativa por separado. Mañana, antes del plenario de comisiones, los legisladores de las bancadas del macrismo, el radicalismo y la Coalición Cívica- ARI mantendrán un encuentro para delinear la postura que adoptarán el miércoles. Según fuentes de la UCR, aunque esperarán a conocer el proyecto en detalle, hasta ayer primaba la idea de “votar en contra en general” y apoyar algunos artículos para evitar que desde el Frente de Todos “instalen el relato de la tierra arrasada”.

En la Coalición Cívica- ARI también están a la espera de tener mayores precisiones sobre la ley, pero ya adelantaron que “no se van a votar facultades delegadas”, algo que comparten con el resto de las bancadas del interbloque. Sin embargo, en el espacio que hasta hace poco lideraba Elisa Carrió si bien intentarán converger con los legisladores de PRO y del radicalismo en una misma postura, están más reticentes a negociar con el oficialismo, lo que choca con el ala más dialoguista de un sector del macrismo, incluso del radicalismo.

Apenas Fernández asumió la presidencia tanto los radicales como los macristas dejaron en claro que iban a “colaborar” con el nuevo gobierno. Es por eso que algunos diputados de Juntos por el Cambio consideran que votar en contra de la primera iniciativa que el oficialismo lleva al Congreso puede ser contraproducente porque quedarán en público como “los responsables de poner trabas a la gestión que recién comienza”.

El jefe del bloque de PRO, Cristian Ritondo, y el presidente de la bancada de la UCR, Mario Negri, serán los encargados de ordenar a su propia tropa, dialogar con Maximiliano Ferraro, que está al frente del bloque de la Coalición Cívica- ARI, y negociar con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para conseguir que Juntos por el Cambio no vaya a la votación dividido pero además para que salga lo más airoso posible en lo que será su primera prueba como opositores.

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