El Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) escuchó durante esta jornada a integrantes de la División Lavado de Activos de la Policía Federal encargados de la elaboración del informe realizado sobre la base del material incautado en allanamientos a la Municipalidad, referido a las contrataciones de personal y el destinos de fondos de publicidad oficial
Durante más de cuatro horas, los integrantes del TOCF Lilia Carnero; Noemí Berros y Roberto López Arango, escucharon las exposiciones de las integrantes de la Policía Federal (PFA) Marcela Julita; Romina Veraldi; Silvia Oshadt y de Luis Cokil, jefe de la División al momento de los allanamientos realizados en la Municipalidad en varias oportunidades.
Este equipo fue el que tuvo a su cargo la realización del informe que la División Lavado de Activos envió a la Justicia Federal, indicando irregularidades en el manejo de las finanzas municipales.
Los tres fueron coincidentes en las precisiones que volcaron al Tribunal sobre los puntos de pericia que practicaron sobre la documentación que se llevaron del Palacio Municipal y que estaba referido a tres aspectos: las contrataciones de publicidad, liquidación de sueldos y recursos humanos (sobre todo el ingreso de personal durante el período septiembre 2017- mayo de 2018) y el evento de Tecnópolis Federal realizado en la costanera.
Julita, Oshadt, Veraldi y Cokil fueron concordantes en que trabajaron sobre el material en función de lo establecidos por el juez Federal Leandro Ríos, instructor de la causa. Estos lineamientos eran muy específicos y por ellos, durante la declaración, no dejaron sentado que hayan encontrado relación directa entre la tarea investigativa llevada a cabo y el financiamiento del narcotráfico porque, puntualmente, no se les pidió investigar eso con especificidad.
En orden a la especificidad con la que desarrollaron la tarea, contenida en el auto de allanamiento elaborado previamente por la Justicia, indicaron que el trabajo se hizo sólo con la información obtenida de los allanamientos y que no se amplió la base de datos debido a que no estaba dentro de la orden de trabajo y porque, además, hubiera demorado el informe que remitieron a la Justicia.
Además, aportaron que el material con el que trabajaban presentaba deficiencias, como la falta de documentación exigible dentro de los expedientes. Julita se encargó también de subrayar que el trabajo que realiza la División Lavado de la PFA es apenas un aporte a la Justicia, que es la encargada finalmente de merituarla y obtener conclusiones.
Aludieron a algunas situaciones puntuales descriptas en el informe que elevaron, y que oportunamente Ríos remitió a la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia, la AFIP y el Tribunal de Cuentas, tales como que la acusada Griselda Bordeira, segunda del área de Seguridad del Municipio, estaba a cargo del control del contrato que se le había hecho a la madre. Otro elemento que plantearon con recurrencia es la utilización de cheques de la Municipalidad hechos a favor de la propia Municipalidad. Julita señaló que esa maniobra podría estar ocultando algo, pero no entró en demasiadas precisiones.
La defensa de Sergio Varisco, a cargo de los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, fue muy incisiva con los testigos, lo que motivó la reacción airada de Fiscalía, que acusó a los defensores del Intendente de estar molestando y faltando el respeto a la testigo Julita. Como en otras oportunidades, el Tribunal, esta vez en la persona de López Arango, llamó la atención a Pagliotto. “Mantenga las formas”, le espetó desde el estrado.
Luego, presentaron el testimonio del subtesorero municipal, Rubén Correa, quien se encargó de relatar pormenorizadamente el modo en que funciona el sistema administrativo municipal, desde la contratación de una obra o servicio hasta su pago. La defensa de Varisco buscó contrarrestar así los dichos de los integrantes de la PFA, tal como lo hicieron en su momento con un contrainforme que elaboraron internamente en el organismo municipal.
Uno de los puntos que señaló Correa para contradecir el informe de la PFA es el período de tiempo analizado (septiembre 2017 / mayo 2018) que consideró insuficiente para arribar a conclusiones determinantes
Continuidad
Este martes está previsto que declaren los concejales de Cambiemos Carlos González; Karina Llanes y María Marta Zuiani además de Karina Plugoboy; Hugo Miguel y Giuliano Cosimato; Alicia Beatriz Villalba (Policía de Entre Ríos); Alejandra Riviere; Daniela Papanisse (Policía Federal); Carlos Daniel Vergara; Alejandro White; Sergio Jesús Gómez y Esteban Adrián Ramírez.
