La mayoría se destinará al pago de jubilaciones y aguinaldos. Desde Hacienda sostienen que el DNU no modifica las metas fiscales
El Gobierno publicó un DNU que amplía los gastos presupuestarios en $358.000 millones y eleva las expectativas de emisión monetaria para cubrir el rojo fiscal del Tesoro durante la transición.
El cambio fue decidido en reunión de gabinete y se justifica por la mayor inflación a la esperada respecto al presupuesto original, lo que actualizó una serie de partidas asociadas a la misma como el pago de jubilaciones y prestaciones sociales que se llevan casi un tercio de este incremento ($105.000 millones).
El alza también busca enfrentar una mayor carga de servicios de intereses de la deuda, subsidios energéticos y al transporte y los efectos de la reducción del IVA y el Impuesto a las Ganancias.
Desde el Palacio de Hacienda aseguran que se trata de una ampliación habitual para esta altura del año y que el monto en el cual amplía el gasto primario se encuentra por debajo del promedio del gobierno anterior (15% vs 19%).
A su vez, sostienen que no modificará las metas fiscales acordadas con el FMI, que permiten un déficit primario de hasta el 0,5% del PBI si se usan los “ajustadores” en gastos sociales y de capital.
En la cartera de Lacunza dicen que la mayoría de este importe se financia vía impuesto inflacionario, es decir, por un mayor crecimiento de la nominalidad de la economía.
Sin embargo, también debieron emitir otro DNU para constituir una “aplicación financiera gratuita” de diversos organismos públicos a favor del Tesoro Nacional por $86.000 millones, entre los que se destaca el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ente Nacional de Comunicaciones, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística.
La enorme brecha fiscal de hasta $250.000 millones que tiene el Tesoro hasta fin de año es una de las mayores preocupaciones de los equipos económicos de la transición.
Al no poder acceder a los mercados de capitales y con cada vez menos margen de recurrir a entes estatales, la mayoría de los especialistas coincide en que el Gobierno terminará convalidando una mayor emisión.
