El parlamento de mayoría opositora declaró la “incapacidad temporal” del mandatario por romper el “orden constitucional”
El Congreso de Perú aprobó en pleno parlamentario con 84 votos a favor la Moción de Orden del Día 10651 que declara la incapacidad temporal del presidente Martín Vizcarra por propiciar la ruptura del orden constitucional al disolver el parlamento y llamar a elecciones legislativas más temprano. La crisis política se desató tras el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional.
Con cero votos en contra y ninguna abstención, el Congreso peruano le declaró la guerra a Vizcarra. El mandatario afirmó que su decisión está dentro de las facultades establecidas en la carta magna. “Se busca dar fin a esta etapa de ‘entrampamiento’ político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades. Esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese en las urnas”, expresó.
Los parlamentarios de Fuerza Popular (fujimoristas) presentaron en el Congreso a una moción para declarar la “incapacidad moral” de Vizcarra y la vacancia en el cargo tras el anuncio de disolución del parlamento. El enfrentamiento entre el ejecutivo y legislativo ganó su clímax cuando el Congreso eligió a uno de los miembros del Tribunal Constitucional, Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, titular del parlamento.
Días antes, el primer ministro peruano, Salvador Del Solar, planteó frenar la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. El terremoto político peruano incluyó la designación de la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, como nueva presidenta de Perú por el Congreso. Ella pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se involucre en el cambio político de ese país.
Vizcarra sufrió una derrota política la semana pasada luego de que la comisión constitucional (de mayoría fujimorista) archivara el proyecto de ley que permitiría adelantar las elecciones para 2020. El ejecutivo planteó la moción de confianza conforme al artículo 133 contra el “procedimiento acelerado para cambiar a los seis de los siete magistrados”, que son electos según los votos de los congresistas.
El objetivo de Vizcarra era garantizar la estabilidad institucional tras el inicio del proceso judicial contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski por lavado de activos con agravante de supuesta pertenencia a organización relacionada al caso brasileño Lava Jato. El 19 de abril de 2019, la justicia peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva. Actualmente cumple arresto domiciliario en su residencia en San Isidro.
Durante la sesión parlamentaria, la prensa peruana reportó protestas callejeras en respaldo a Vizcarra. Ahora esa nación entra en un limbo político, sin gobierno claro. Analistas habían indicado que en los próximos cuatro meses se debían realizar los comicios para despejar la incertidumbre. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional.
