El Senado de Brasil finalmente rechazó el decreto que facilitaba la portación de armas en su territorio nacional. Tras casi tres horas de discusión, la asamblea aprobó este martes (con 47 votos a favor y 28 en contra) un dictamen emitido por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara Alta, que hace unos días había solicitado suspender esta ordenanza presidencial
Con este resultado, la cuestión ahora será debatida por la Cámara de Diputados que tendrá la última palabra. “El debate se realizó con madurez política”, afirmó el titular del Senado, Davi Alcolumbre, luego de la votación. Mientras que más temprano, el presidente Jair Bolsonaro había presionado a senadores y diputados para “no dejar morir” el documento.
La polémica ordenanza del mandatario del país vecino que facilita la tenencia de armas provoca diariamente críticas de legisladores, expertos y distintos sectores de la sociedad que aseguran que esa resolución aumentará la violencia a lo largo y ancho del suelo brasileño, que según los datos oficiales registró 65.602 asesinatos en el 2017.
Después de las críticas de un gran número de instituciones y verificarse una brecha que les facilitaba a los civiles la adquisición de fusiles, el jefe de Estado brasileño había rectificado el 23 de mayo pasado algunos puntos de su controvertido decreto que autoriza el porte de armamento para determinadas categorías.
De acuerdo con lo que dio a conocer el Gobierno del país vecino en un comunicado de aquel fecha, la versión rectificada veda “expresamente la concesión del porte de armas de fuego portátiles (fusiles, carabinas y escopetas) al ciudadano común”, que únicamente podrá comprar armamento de menor calibre, denominado “de porte”.
“Los propietarios rurales sí podrán adquirir ese tipo de armas largas y mantenerlas en sus viviendas. Los cambios fueron introducidos a partir de los cuestionamientos realizados ante la Justicia, en el ámbito del Poder Legislativo y por la sociedad en general”, continuó la misiva oficial del Ejecutivo de Brasil.
“Hubo críticas de que tal vez hubiesen algunos excesos (en el decreto), el Gobierno fue sensible a esas críticas”, sostuvo Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, en diálogo con la radio Bandeirantes. “Normalmente, el uso de esas armas de mayor potencial lesivo está restringido a las fuerzas de seguridad”, añadió.
