Mediante el decreto 331/2019 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno creó el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, los funcionarios que integrarán esta organización, trabajarán “ad honorem”
En este sentido, el Comité será conformado por el Coordinador Nacional del programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Germán Garavano; el representante argentino ante el GAFI y el GAFILAT; el Presidente de la Unidad de Información Financiera; el Subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y el Director Nacional de Asuntos Internacionales dependiente de la Unidad de Coordinación General.
Asimismo, también conformarán este grupo el Director Nacional de Investigaciones dependiente de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad; un funcionario designado por la Agencia Federal de Inteligencia; un representante designado por el Banco Central de la República Argentina, como así también funcionarios de la AFIP, Superintendencia de Seguros de La Nación y de la Comisión Nacional de Valores.
Además, el Instituto de Asociativismo y Economía Social también tendrá un representante en el Comité, al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En este contexto, también fue invitada la Corte y la Procuración General a designar un magistrado del Poder Judicial y uno del Ministerio Público para integrar esta organización.
De esta manera, el comité tendrá las funciones de realizar las evaluaciones nacionales de riesgos de lavado de activos y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; diseñar el plan de trabajo para el desarrollo de las evaluaciones, convocar a participar a las provincias, analizar información propia y de otros sectores, elaborar informes de riesgos y proponer al Ejecutivo una estrategia para la prevención de esta problemática.
«Instrúyese a todos los organismos de la administración pública e invítase a las instituciones competentes del sector privado a participar y prestar la máxima colaboración que les sea requerida para el cumplimento del presente decreto por el Coordinador Nacional del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo», manifiesta el texto oficial.
En tanto, la medida firmada por el presidente, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano, determinó que las evaluaciones, serán sometidas a revisión cada dos años, con el objeto de efectuar las actualizaciones que correspondan.
