La iniciativa, tiene algunas modificaciones respecto al proyecto aprobado por Diputados en 2018
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunió este fin de semana en plenaria nacional en la Ciudad de Córdoba, donde se acordó el contenido final del articulado del nuevo proyecto de ley que se presentará en abril en el Congreso. La iniciativa, tiene algunas modificaciones respecto al proyecto aprobado por Diputados en 2018.
“El proyecto es resultado de más de cuatro meses de trabajo de la Comisión Redactora -integrada por activistas de la Campaña y elegida democráticamente-, de discusión territorial en todo el país y de dos jornadas exhaustivas de debate en el marco de esta plenaria. Este proyecto, que tiene como finalidad saldar una deuda histórica de la democracia, recoge el ejemplar ejercicio de participación democrática de toda la sociedad durante 2018, así como los 14 años de organización y experiencia política de la Campaña. Será presentado por octava vez, con el inquebrantable apoyo popular de la marea verde”, informaron desde la Campaña.
En concreto, el proyecto legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Corrido ese plazo, se tendrán en cuanta para realizar la práctica casos de violación y cuando corra riesgo la salud de la madre. En la nueva redacción, se quitó la causal “graves malformaciones fetales”, que el año pasado había causado resquemores con organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad.
Además, la iniciativa incorpora la noción de “identidad con capacidad de gestar” en lugar de “mujeres” o “personas con capacidad de gestar”, conceptos que se habían incluido en la anterior redacción como respuesta al reclamo de diferentes colectivos de disidencias sexuales.
Otra novedad del proyecto 2019, es que se despenaliza totalmente la labor del personal médico, salvo cuando la interrupción del embarazo sea efectuado sin el consentimiento de la mujer.
Además, desde la Campaña informaron que seguirán trabajando por la “implementación plena y efectiva, con presupuestos adecuados, de las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y Procreación Responsable, y del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, para que las niñas, niñes, adolescentes, mujeres e identidades disidentes accedan a sus derechos”.
