El Senado aprobó ayer por unanimidad la “Ley Micaela”, la cual establece la formación con perspectiva de género de los funcionarios de los tres Poderes del Estado
Luego de que la norma fuera aprobada en Diputados en la madrugada del miércoles, la Cámara Alta le dio sanción definitiva pasadas las 17, con 59 votos a favor y ninguno en contra. El senador de la UCR Juan Carlos Marino, acusado de abuso sexual, no estuvo durante la votación.
El proyecto fue impulsado por el Movimiento Evita y se le puso el nombre de la militante de esa agrupación política Micaela García, asesinada en la ciudad de Gualeguay en 2017.
“Es una forma de cambiar costumbres ancestrales, de tener otra mirada y de aprender entre todos y tener la responsabilidad como funcionarios o empleados del Estado de poder capacitarnos en entender cómo respetarnos entre hombres y mujeres”, destacó la senadora de la alianza Cambiemos Laura Rodríguez Machado.
Para dar cuenta de las dificultades a nivel social para modificar las conductas machistas, la senadora cordobesa contó una anécdota de un pueblo de su provincia, donde todavía hay gente que conduce en contramano por una calle que cambió su sentido hace siete años, aunque cada vez menos, y reflexionó: “Imagínense si eso cuesta modificar una circunstancia tan mínima, para cambiar cuestiones ancestrales lo que necesitamos generar desde el Estado”.
La justicialista Sigrid Kunath sostuvo que “este año sin duda ha marcado un hito en la visibilización de la desigualdad y la violencia de género”. Y agregó: “Creo en la educación como herramienta para ir desterrando los modos que responden al patriarcado”. Por su parte, la kirchnerista Nancy González subrayó la importancia de la nueva norma e indicó que “los logros de esta ley se van a ver a largo plazo, no son logros que se vean inmediatamente”.
El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, tanto el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial.
La formación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual publicará todos los años en su página web un informe sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas.
Además, el organismo elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo y los resultados deberán integrarán el informe anual.
De acuerdo al proyecto, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate”.
