Según el funcionamiento de la maniobra, determinados diputados se quedaban con más del 50% de los sueldos de los falsos empleados
La Justicia investiga una red de contrataciones de empleados truchos en la Legislatura de Paraná, Entre Ríos, que le habría valido al Estado casi $13 millones por mes.
La causa se descubrió cuando efectivos policiales, apostados en el Banco de Entre Ríos, identificaron a tres personas que manipulaban tres tarjetas de crédito cada uno. Al alertar la maniobra sospechosa, los policías hicieron la denuncia y procedieron con el mecanismo de rutina: “Los esperaron, los allanaron, los detuvieron y les encontraron cerca de diez tarjetas de débito y 270 mil pesos. Cuando allanaron sus casas, encontraron que había copias de contratos legislativos, por lo cual se inicia la causa”, contó el periodista Daniel Enz. Se trataba de empleados contratados por el senador nacional peronista Pedro Guastavino.
Según se pudo establecer, las contrataciones que se encuentran bajo investigación son las realizadas por la Presidencia de la Cámara, a cargo de Sergio Daniel Urribarri, exgobernador de la provincia de Entre Ríos. Los empleados truchos firmaban el contrato sin poder verlo y, a cambio, sin necesidad de trabajar en la Legislatura, recibían la obra social del monotributo o una parte del dinero señalado en el contrato, el resto se lo quedaban los funcionarios.
“Esa gente no conoce la legislatura, nunca la pisó, pero cobran entre 35 y 50 mil pesos mensuales, eso es lo que figura en los contratos, a los que ellos no acceden. Les daban el 5%, una estructura contable que manejaba eso tanto en Diputados como en el Senado”, agregó el periodista.
La mayoría de los contratados señalaron a Flavia Beckman, una de las primeras personas detenidas, como quien se les acercaba para proponerle el sistema de contratación.
“Los cheques salían a nombre de cada uno, pero siempre nosotros teníamos que dejar el retorno, una parte de nuestro sueldo ahí.”, aseguró Carlos Cozzi, denunciante en la causa. Por su parte, la exsecretaria del diputado Ricardo Troncoso, Marisa Ruiz, agregó que se le entregaban $26 mil “pero de ahí iba a la oficina, le dejaba la plata -al diputado- y me daba 10 mil pesos, que después me bajó a seis mil”.
La Justicia ya se encuentra investigando a la cúpula de la Legislatura y auguran que el caso se podría convertir en un escándalo de la administración pública de Entre Ríos.
