Mediante un comunicado, la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción apoyó a Sergio Rodríguez y Federico Delgado
El viernes, la Cámara Federal dispuso que se reabra la causa contra el fiscal Federico Delgado y el procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en la investigación sobre transferencias bancarias a una cuenta suiza del jefe de los espías, Gustavo Arribas. Es por eso que la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción emitió un comunicado donde se solidarizó con los fiscales.
Antes de que comenzara el pasado fin de semana, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, con el voto en minoría de Martín Irurzun, hicieron lugar a un pedido del titular de la AFI. Este, se constituyó como querellante contra los fiscales, y decidieron desestimar la determinación del juez Daniel Rafecas al considerar que fue prematura, por lo que dispusieron que se reabra la causa con el objetivo de realizar distintas medidas de prueba.
En ese sentido, mediante un comunicado, el presidente de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CSC), Ángel Bruno, se solidarizó con los fiscales que ahora son investigados por la causa que pesaba contra el jefe de los espías por transferencias bancarias de pagos indebidos por US$850.000 a una cuenta suiza.
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CSC), a los efectos de expresarle mi solidaridad y acompañamiento frente a la decisión de la Cámara Federal de revocar la de primera instancia y ordenar continuar investigando una denuncia contra Ud. y otro señor Fiscal”, comienza el escrito que difundió Rodríguez en su cuenta de Twitter.
En ese sentido, el titular del CSC afirmó: “El celo puesto en Ud. en investigar y dar a conocer la verdad en un caso con claras sospechas de corrupción, cumplimentando todas la normas procesales vigentes y respetando todas la garantías constitucionales del investigado, debe ser reconocido. Máxime, cuando contraste vivamente con los procedimientos sesgados y alejados del respeto de tales garantías, que se producen diariamente en otros procesos vinculados a la corrupción”.
“Es de esperar que, más temprano que tarde, en nuestro país los casos de corrupción sean investigados y juzgados con la misma vara, con pleno apego a los códigos procesales y las garantía constitucionales, sin distinción entre los funcionarios y empresarios, y entre aquellos pasados o actuales”, finaliza el documento que rubricó Ángel Bruno.
Vale destacar que Arribas no solo apuntó judicialmente contra los fiscales, a los que acusó del presunto delito de tomarle declaración al arrepentido brasileño sin haberle tomado juramento de decir la verdad, sino también contra al cuevero brasileño Leonardo Meirelles, quien acusó al jefe de los espías por pagos indebidos por 850.000 dólares.
