Desde hoy ya no regirá el sistema de solicitud y evaluación de discapacidad que había implementado el Ministerio de Salud en el 2009 y que ya habían sido modificados hace dos años
Desde hoy ya no regirá el sistema de solicitud y evaluación de discapacidad que había implementado el Ministerio de Salud en el 2009 y que ya habían sido modificados hace dos años, por el mismo gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri. En tanto, la modificación del protocolo llega en medio de denuncias de “desmantelamiento” por parte de los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Según indicaron, el objeto de la modificación es el de incluir indicadores que permitan definir los factores contextuales de la persona, si la misma se encuentra en situación de dependencia y la causa de su discapacidad; ello con la finalidad de contar con información relevante y oportuna para el diseño y desarrollo de políticas sustantivas.
Asimismo, la modificación se comunicó en el Boletín Oficial de hoy, en el que también se anuncia que la reforma fue aprobada mediante la resolución N° 675 del Ministerio de Salud del 12 de mayo de 2009 y modificados por Resolución Nº 558, el 2 de mayo de 2016, cuyos modelos como Anexos I (IF-2018-42568550-APN-DE#AND) y II (IF-2018-42568790-APN-DE#AND) forman parte integrante de la resolución.
En ese sentido, desde Cambiemos advierten que esta iniciativa permite ampliar las variables actualmente existentes en el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad, con el objeto de obtener insumos sumamente valiosos que constituyen un aporte fundamental para llevar a cabo tales políticas. Además, aclara que surge la necesidad de recabar información específica relacionada con el contexto de las personas con discapacidad.
Ante esta situación, explicaron que se definieron ciertos indicadores que permitirán identificar tanto los factores contextuales de las mismas, como también aquellas que se encuentran en situación de dependencia. A raíz de esto, consideran necesario reafirmar la concepción del CUD como política pública que enfatiza la valoración de la persona con discapacidad en su contexto socio ambiental.
Esta resolución llega mientras los trabajadores denuncian el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y la intención del Gobierno de cerrar todas sus dependencias y a 15 días de que se oficializara el nombramiento de su nuevo director ejecutivo. Se trata de Santiago Luis Ibarzabal Murphy, primo hermano del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso.
Además, el flamante director de la Agencia, comunicado el 14 de agosto mediante el Boletín Oficial, no es un novato para el macrismo, ya que ejercía como subdirector Ejecutivo de Prestaciones en ANSES; mientras su hermana, María Ibarzabal Murphy, fue designada para cumplir funciones en la Procuración del Tesoro de la Nación.
En tanto, el nombramiento se da en un tenso contexto en la AND, ya que los empleados denuncian el “desguace” de la entidad y el “cierre inminente de todas las oficinas de pensiones del país”. Según indicaron desde la Asociación Trabajadores del Estado serían 75 las unidades que correrían el riesgo de ser cerradas, con el “supuesto traslado de 250 trabajadores a ANSeS”.
