El “supermartes” es cada vez más súper y menos martes. A la primera reunión de gabinete pos anuncio de vuelta al Fondo Monetario Internacional, el vencimiento de u$s 30.000 millones de Lebac y la publicación del costo de vida de abril, ahora se le sumó un encuentro de gobernadores justicialistas
Luego de la reunión de la semana pasada con el presidente Mauricio Macri, en donde se les pidió apoyo para encarar las negociaciones con el FMI y frenar tarifas, los jefes de los estados subnacionales del PJ se reunirán en Buenos Aires para discutir el camino a seguir.
A diferencia de lo que sucedió en Casa Rosada cuando Macri junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, recibieron a Juan Schiaretti, Gustavo Bordet, Juan Manzur, Sergio Uñac y Domingo Peppo, ahora estarán presentes otros gobernadores con perfiles menos “dialoguistas” como es el caso de Sergio Casas de La Rioja, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Carlos Verna de La Pampa y el puntano Alberto Rodríguez Saa estos dos últimos son los únicos dos distritos que decidieron no adherir al Pacto de Responsabilidad Fiscal.
Como en diciembre del año pasado mientras se negociaba el Pacto Fiscal, el chat de WhastApp en donde están la mayoría de los jefes de los estados provinciales comenzó a tener una mayor cantidad de mensajes. La intención es lograr una postura común frente a la demanda de acompañamiento que hizo Macri. Y negociar ese apoyo.
Pero uno de los temas centrales, relacionado con el FMI, es el decreto que publicó el viernes pasado el Ejecutivo nacional que pone en aprietos a los gobernadores porque, básicamente, los hace desfilar al despacho del Jefe de Gabinete.
Mediante el Decreto 430/2018 publicado el viernes pasado, el Ejecutivo estableció que la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete sea el primer eslabón de la cadena y, principalmente, el filtro para la aprobación de los fondos.
Tanto es así que ahora todos los ministros y organismos del Estado deberán pedir autorización a Peña antes de celebrar un convenio con una provincia o con un municipio en el que se prevean transferencias presupuestarias en ejercicios futuros por parte del Tesoro Nacional. Lo mismo corre para la contratación de obras o servicios o la adquisición de bienes, incluidos en el Presupuesto Nacional.
Pero como el decreto establece que también debe ser filtrado por la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, algunos gobernadores lo entienden como uno de los primeros controles en el marco del acuerdo con el Fondo.
El cambio nuevamente pondrá presión en la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada.
