Esta semana será clave para el futuro de la reforma del Código Procesal Penal, pero su tratamiento no estará exento de polémicas. El proyecto de ley impulsado por los senadores peronistas Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino sería debatido el miércoles próximo en la Cámara alta en medio de una ola de críticas por uno de sus artículos, vinculado al uso de sofisticada tecnología por parte del Estado para la vigilancia de ciudadanos
Tras conocerse la semana pasada el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, una coalición de ONG’s alzó su voz para criticar la iniciativa por considerar que se trata de la puesta en marcha de un Gran Hermano estatal que permitiría “hackear” teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC); la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); la Asociación Pensamiento Penal (APP); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) manifestaron su “preocupación” por el proyecto al entender que “amplía las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal” sin que exista un debate exhaustivo respecto al alcance de las medidas.
La principal objeción de este grupo de asociaciones civiles se centra en el artículo 175 del proyecto referido a las técnicas especiales de investigación al considerar que podrían ser utilizadas contra dirigentes opositores o disidentes. La iniciativa contempla lisa y llanamente la “vigilancia remota de equipos informáticos” mediante la utilización de un software que “permita o facilite el acceso remoto” al contenido de computadoras, celulares, tablets y hasta bases de datos como parte de una investigación judicial.
En diálogo con ámbito.com, Leandro Ucciferri, abogado e investigador de ADC, mostró su preocupación por la ausencia de detalles respecto al software que podría usarse para estas intervenciones. “En el proyecto las especificaciones sobre qué tipo de software se utilizaría están acotadas, lo cual permitiría, por ejemplo, el uso de diversos tipos de malware. Esto en definitiva se trata de hacking estatal”, lanzó el especialista en derecho digital.
En lo que refiere a la interceptación de comunicaciones, actualmente está vigente el sistema de intervenciones telefónicas en manos de la Corte Suprema. En diciembre de 2015, a través del decreto 256/2015, el Ejecutivo dispuso la transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la Procuración General de la Nación hacia la Corte. A partir de ese momento, el máximo tribunal se convirtió en el único órgano encargado de ejecutar, previa solicitud de un juez, las interceptaciones o captaciones de teléfonos de línea, móvil y tráfico de internet a través de las empresas prestatarias del servicio.
Sin embargo, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal no especifica cómo se realizarían las intercepciones remotas ni explica quién sería el ejecutor de esta nueva modalidad, abriendo la puerta a un posible espionaje masivo. “En principio, el abuso de estas herramientas podría dar lugar a seguimiento de opositores o disidentes políticos”, afirmó Ucciferri al tiempo que sostuvo que “es de suma importancia tener en claro quién llevará a cabo las tareas, si los fiscales mismos o un organismo independiente”.
Lo cierto es que dependiendo del software que se utilice se podrían interceptar, por ejemplo, chats o llamadas de voz por WhatsApp rompiendo así con el cifrado del servicio. Claro que las posibilidades de acción de los malware (programas maliciosos) son tan amplias que podrían incluso activar el micrófono del celular sin que el usuario lo sepa.
Ante este panorama, Ucciferri solicitó “saber qué tipo de software se va utilizar y cómo se va a auditar ya que el Estado puede comprar un paquete a una empresa o bien lo puede desarrollar”. Asimismo, el investigador de ADC sostuvo: “No decimos que no sea necesario para los fiscales, pero pedimos un debate serio y no un trámite exprés. Exigimos que se tomen en cuenta las garantías constitucionales y el derecho a la privacidad”.
Fuentes parlamentarias anticiparon a este medio que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal está incluido en el temario tentativo para la sesión del próximo miércoles 25 de abril. En momentos en que la filtración de escuchas telefónicas se colocó en el centro de la polémica dentro de la escena política, no son pocos los que están alertas ante el ingreso un nuevo nivel de uso de sofisticadas tecnologías de vigilancia.
