Arribas y Majul, contra las cuerdas: la Corte redobla la presión por la difusión ilegal de escuchas

El máximo tribunal insiste con la filtración de los audios de conversaciones privadas de Cristina Kirchner. Ahora intimó a la AFI para que dé una explicación detallada de lo que ocurrió

 

 

 

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación exigió explicaciones a la AFI y al resto de las dependencias involucradas acerca de las escuchas de las conversaciones entre Cristina Fernández y Oscar Parrilli, que fueron filtradas ilegalmente a la prensa. Los CDs con los audios estaban en poder del organismo que conduce el polémico Gustavo Arribas.

 

En la nota 11/2017 de hoy, el máximo tribunal intimó a la AFI a que brinde un informe detallado de los pasos que tomó para descubrir si la filtración de las conversaciones surgió de esa repartición.

 

“En atención al deber de confidencialidad que recae sobre el personal de la AFI (…), solicítese de su director general, escribano Gustavo Héctor Arribas, que ponga en conocimiento del tribunal, las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas, como asimismo cualquier circunstancia que considere pertinente orientada dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder los agentes de la agencia su cargo en la captación, transmisión, entrega resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa señalada”, ordenó los cinco ministros de la Corte.

 

En el texto se recordó también que la Corte dispuso diversas medidas fin de que se investigue “toda responsabilidad administrativa que le pudiera corresponder los agentes intervinientes en los procesos de interceptaciones telefónicas efectuadas en el marco de la causa CFP 481/16”, que tramita ante el Juzgado Federal Nº 4 a cargo de Ariel Lijo.

 

Asimismo, le preguntó al magistrado Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa penal por la filtración de las escuchas, si detectó “circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DAJUDeCCO), si existe alguna observación respecto la forma en que se desarrollan sus tareas que sea susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad custodia”.

 

Fue precisamente Canicoba quien el mes pasado advirtió sobre la posible responsabilidad penal del operador mediático Luis Majul, quien oficia de difusor de las escuchas filtradas ilegalmente. “Luis Majul podría haber incurrido en un delito por la filtración de las escuchas, pero depende de la modalidad. Si encontró la cinta de grabaciones tiradas en la calle no cometió un delito, si las compró o se las dio un funcionario público ya es otra cosa”, explicó el magistrado.

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