La investigación judicial sobre la desaparición del submarino ARA San Juan dio con un documento que confirma la existencia de falencias de “gravedad uno” en la nave, que planteaban un “riesgo muy alto” en caso de que se le asignara una misión como la que tenía cuando finalmente desapareció
Un informe de la Inspección General de la Armada de diciembre de 2016, que fue ratificado en marzo de 2017 y remitido al Estado Mayor General de la Armada, al Ministerio de Defensa y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) consignaba problemas en la nava calificadas como de “gravedad uno, lo que significa que el submarino corría un riesgo muy alto”.
Los documentos que hoy se encuentra analizando la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez planteaban que debía darse una “inmediata solución” a “una serie de defectos o anomalías que detectaron en el funcionamiento” del submarino. Yáñez ahora analiza documentación secuestrada en diversos allanamientos ordenados la semana pasada, incluida la Base Naval de Mar del Plata, para ver qué soluciones se implementaron desde el Estado luego de esos informes críticos.
La jueza reconoció que el hecho de que no se haya dado con los restos del submarino “hace que todo sea más difícil” y agregó, en declaraciones a los medios: “Hoy no puedo aventurar que fue un accidente, o que lo derribó un barco chino. En principio, yo determinaría las condiciones en las que salió el ARA San Juan y el tema de las comunicaciones, qué se pudo haber advertido”. En este sentido planteó la necesidad de atenerse a la documentación que se va sumando a la causa.
El análisis documental se complementa con una serie de declaraciones testimoniales que se encuentra recabando la jueza. Ya declararon y confirmaron los datos del informe el ex auditor de la Armada Guillermo Luis Lezana, y su reemplazante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi (hoy titular de la Inspección General de la fuerza). Luis Tagliapietra, abogado querellante y familiar de uno de los tripulantes del submarino, manifestó al respecto: “Al final de su declaración el contralmirante Pérez Bacchi manifestó que las fallas detectadas estaban encuadradas dentro de lo que la reglamentación de la Sigen califica como gravedad uno”. El abogado consideró “imposible” que desde el Gobierno no hayan tenido conocimiento del informe elaborado durante la gestión del contralmirante Lezana como inspector general (luego reemplazado por Pérez Bacchi, que refrendó los datos del informe en enero de 2017).
El ministro de Defensa Oscar Aguad no hizo referencia al informe en su declaración por escrito en la causa, aunque en el oficio que se le envió aún no se consultaba específicamente sobre el tema ya que aún no había ingresado al juzgado el informe de la Inspección General de la Armada, por lo que es probable que se le solicite una extensión de su testimonio.
Tagliapietra también plantea la necesidad de investigar “por qué se dijeron tantas mentiras cuando se fue informando, después de la desaparición del submarino”. En este sentido se confirmó que el que fuera vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, prestará declaración testimonial este jueves ante la jueza Yáñez luego de que lo hagan los auditores que firmaron el informe. El querellante concluyó: “Lo dicho por los auditores confirma que no se hizo nada para subsanar los graves problemas de navegabilidad que tenía el submarino y ahora hay que buscar a los responsables, pero falta mucho, hay que tener paciencia y seguir buscando”.
