Lo confirmó el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Al final de su gestión, el Gobierno no subsidiará la energía
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, adelantó ayer que a partir del segundo semestre de 2019 las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas comenzarán a actualizarse solamente por inflación. Esto es, en la práctica, la confirmación de que en el final de la primera presidencia de Mauricio Macri el Gobierno dejará de subsidiar la producción de la energía y las distribuidoras ya cobrarán plenamente sus tarifas.
“A partir del segundo semestre de 2019, el Gobierno se ha propuesto cumplir con la ley y que desde ese momento solamente haya aumentos por el índice inflacionario, conforme lo dice el marco regulatorio”, dijo Aranguren en declaraciones a Radio La Red.
El ministro también repasó los aumentos que se acordaron tras las últimas audiencias públicas, celebradas la semana pasada. “El gas aumenta de u$s 3,77 por millón de BTU a u$s 4,19 (en un promedio ponderado de todas las categorías) ahora en diciembre, y se está aplicando en todo el país la segunda cuota del aumento de distribución”, explicó. “En promedio, en todo el país en diciembre el gas va a aumentar un 45%. El aumento irá de 22% a 60% como máximo, depende la conducta de cada uno de los usuarios”, completó.
Por otra parte, Aranguren señaló que “en el caso de la luz, en todo el país la generación y el transporte se incrementarán un 21% en diciembre y un 13% en enero, que acumulado da 38%”. “En el caso de Capital y Gran Buenos Aires se agrega la segunda cuota de la recomposición de la distribución”, indicó.
El funcionario explicó que “en diciembre, el 90% de los usuarios van a tener como máximo un aumento de 39%, mientras que el 10% restante subas inferiores a 47%. Asimismo, en febrero el 90% tendrá un incremento inferior al 18% y el 10% restante que más consume, un aumento inferior a 28%”.
Consultado sobre los cortes de energía eléctrica, Aranguren dijo que “en el período enero-agosto 2017 hubo 45% menos de cortes que el mismo período del año anterior”, y pronosticó que “este verano, a igualdad de temperatura, vamos a tener menos cortes que el año pasado”. “Estamos teniendo menos cortes que el año anterior y muchísimos menos que en 2015”, remarcó Aranguren.
Las provincias deben cambiar su esquema de recaudación para cumplir el pacto fiscal
Están obligadas a bajar Ingresos Brutos y Sellos, que aportan 84% de los recursos propios
En el pacto fiscal firmado entre la Nación y los gobernadores, el foco de la reforma tributaria está en Ingresos Brutos (II.BB.) y el impuesto a los sellos, consideradas las cargas más distorsivas. Entre los dos representan el 84% promedio de los recursos propios de las provincias; 75%, II.BB., y 9%, Sellos. Los primeros deben comenzar a reducirse en 2019 para terminar, en 2022, con un impuesto a la ventas con una alícuota del 5%.
La rebaja gradual es de 0,5 a 1 punto del producto bruto por año. En contrapartida, el acuerdo alienta el aumento de la recaudación de los impuestos patrimoniales provinciales (Inmobiliario y Automotor) tanto por la actualización de las valuaciones como por la reducción de los incumplimientos.
El acuerdo firmado establece que las provincias adoptarán para el cálculo y la determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los “procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidos” por la AFIP y fijarán alícuotas en un rango de entre 0,5% y 2% del valor fiscal establecido.
“En el esquema los distritos perderían recaudación por impuestos indirectos y deberían recuperarla por los directos -explicó a LA NACION el economista del Ieral Marcelo Capello-. Por eso la administración central bajó la presión con Bienes Personales, para que las provincias puedan ir por ahí. Esa alternativa es para las propiedades más costosas, que son las que tributan esa carga”.
A su criterio, la reforma es un desafío porque siempre es “más cómodo” cobrar y/o aumentar impuestos “escondidos en los precios”, como Ingresos Brutos. “Las cargas directas permiten un mejor control ciudadano ya que son más visibles, se sabe qué paga y a quién y por lo tanto se puede seguir en qué se gasta”.
Un trabajo de los economistas de esa institución subraya que para honrar los compromisos tributarios es clave el cumplimiento de la reducción del gasto primario enunciado en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, que en el caso de las provincias alcanzaría el 14,4% del PBI en 2020 (este año es el 15,8%).
