Luego de la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, senadores nacionales comenzaron con la discusión del proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal. Este martes se llevaría adelante la discusión del proyecto pero legisladores del oficialismo y la oposición cancelaron el debate porque no se llegó a un acuerdo sobre los cambios de la actual estructura de la Procuración
El pasado 30 de octubre, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia al Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Mediante una carta que la funcionaria detalló: “A esta altura de las circunstancias estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal“.
A partir de la salida de la funcionaria, el Senado comenzó con la discusión para reformar el Ministerio Público Fiscal. Este martes se llevaría a cabo el debate del proyecto de ley para reformar el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación, pero la reunión se suspendió por mutuo acuerdo entre oficialistas y opositores. El motivo de la suspensión fue que no se llegó a un acuerdo sobre los cambios de la actual estructura de la Procuración.
Entre los puntos más relevantes del proyecto se encuentran de decisión de eliminar la duración vitalicia, tanto del titular de la Procuración como el de la Defensoría General de la Nación, que podían mantenerse en el cargo hasta el límite de edad establecido por la Corte Suprema de la Nación, de 75 años. El límite temporal para ejercer ambos cargos será de cinco años, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.
Por otro lado, la designación de ambos funcionarios se mantendrá en manos del Senado, que podrá brindar su acuerdo a quien designe el Poder Ejecutivo Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
También, otro de los puntos relevantes y uno de los más discutidos es el que plantea que para su remoción, el proyecto reemplaza al juicio político por una decisión del Ejecutivo o de la Cámara baja con acuerdo del Senado, para lo que sólo exige el consenso de la mitad más uno de cada cuerpo.
