En medio de la polémica entre el Gobierno y el pueblo Mapuche por el reclamo de zonas patagónicas y con la desaparición del joven Santiago Maldonado como trasfondo, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la suspensión de los desalojos de tierras donde viven comunidades de los pueblos originarios
Con 62 votos a favor, la iniciativa que prorroga los efectos de la ley 26.160 fue aprobada y girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Durante el debate en particular del proyecto, el senador oficialista Ernesto Martínez propuso acortar el plazo de la prórroga a 18 meses, con la posibilidad de extenderlo por 12 más, pero no reunió los votos suficientes.
Esa era la idea que hasta último momento defendió el PRO, pero poco antes de la votación el jefe del mayoritario bloque PJ-FPV, Miguel Pichetto, había adelantado que votarían el proyecto tal y como estaba, con una prórroga de cuatro años.
La ley 26.160 fue sancionada en 2006 y estableció la suspensión por cuatro años de los desalojos, hasta que se terminara el relevamiento catastral de las tierras que históricamente ocupan los pueblos originarios, pero esa tarea nunca culminó.
Ante esa demora, los efectos de la norma fueron prorrogados por cuatro años más en dos oportunidades y vencían el 23 de noviembre próximo, lo que obligó al Congreso a fijar una nueva extensión.
“Este proyecto no es una concesión, sino un imperativo de derechos humanos”, afirmó la pampeana Norma Durango (PJ-FPV), al tiempo que subrayó que “es una obligación del Estado de reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales”.
A su turno, el oficialista Luis Naidenoff precisó que, según un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hay 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento culminado.
Por esa razón, todos los senadores de Cambiemos aseguraron que el Gobierno culminará esta vez con el relevamiento y que lo hará “en dos años y medio”, tal y como lo afirmó el jefe del bloque radical y ahora expresidente del interbloque oficialista, Ángel Rozas.
“Por dos años y medio o por cuatro, pero hay que aprobar la prórroga”, afirmó a su turno el chubutense Alfredo Luenzo (PJ Chubut), quien sintetizó de esa forma la postura de la mayoría de la Cámara.
Durante la sesión, senadores como Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) y Anabel Fernández Sagasti (PJ-FPV) recordaron que el tema de la propiedad indígena se puso sobre el tapete tras la desaparición del joven Santiago Maldonado en la provincia de Chubut luego de un operativo de Gendarmería sobre la comunidad Pu Lof, del departamento de Cuchamen.
“No queremos más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado. No queremos más campañas amarillas, con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo, para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a la Argentina”, sostuvo Solanas.
Sobre el final del debate, Pichetto destacó “la legitimidad del reclamo de las comunidades” y recordó que “el reconocimiento a los pueblos originarios está en la Constitución”, aunque advirtió nuevamente sobre la existencia de “grupos violentos”.
“Hay situaciones en mi provincia (Río Negro), en la zona de cordillera, de grupos que tienen una actitud violenta, desconocimiento del Estado”, sostuvo al tiempo que dio su “opinión personal” respecto de que “no hay tierra sagrada en la Argentina, no puede haber ningún territorio que no esté bajo la jurisdicción de las autoridades si tienen que ingresar con una orden judicial”.
