Diputados nacionales del oficialismo y la oposición se comprometieron este martes en una audiencia pública ante referentes de pueblos originarios a sancionar la prórroga a la ley 26.160 que suspende los desalojos en las tierras habitadas por comunidades aborígenes
Si bien el proyecto se discutirá primero en el Senado, la Cámara de Diputados reafirmó ante representantes de distintas comunidades aborígenes (mapuches, qom, wichis, villela, sanavirones, guaraníes, warpes y collas) la voluntad de aprobar el proyecto de modo tal de avanzar con la extensión del plazo, que vence el próximo 23 de noviembre.
La actividad fue organizada por la diputada Silvia Horne (Peronismo para la Victoria), y contó con la presencia de diputados del PRO, de la UCR, del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda, entre otros.
La diputada radical Patricia Giménez aseguró que el oficialismo tiene voluntad de “apoyar y ayudar a resolver los problemas que tienen los pueblos originarios”, y especificó que la decisión es acompañar el proyecto “que venga del Senado”.
También mencionó otro aspecto que dispone la ley 26.160 vinculado con el relevamiento de tierras indígenas y, al respecto, destacó que en el proyecto que envió el Gobierno está contemplado el presupuesto necesario para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pueda desarrollar esa tarea, que no se viene cumpliendo.
Por su parte, el jefe del bloque del FpV-PJ, Héctor Recalde, aclaró que su bancada votará “la prórroga de cuatro años”, y mencionó que la misma será “un oxígeno para lograr una solución definitiva”.
Nancy Chocobar, representante del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), reclamó poner especial énfasis en “el tema presupuestario” y advirtió que “los conflictos territoriales no van a cesar hasta que el Estado no reconozca los territorios” de las comunidades indígenas.
A su turno, Orlando Carriqueo del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro recordó que pasados 11 años de la sanción de la ley de tierras indígenas apenas se completó “el 30 por ciento” del relevamiento catastral, y exigió una prórroga por “tiempo indefinido”.
Destacó que para solucionar la “larga deuda” que tiene el Estado con los pueblos originarios el conflicto de las tierras “hace falta decisión política” y advirtió que “no sirve uno o dos años” más de plazo, en alusión a las gestiones que estaría llevando a cabo el oficialismo en el Senado.
A su vez, Carriqueo denunció que los representantes de comunidades aborígenes están siendo “estigmatizados y perseguidos por el Estado” y calificó a Santiago Maldonado como un “amigo” que se solidarizó con la causa mapuche.
De la audiencia también participaron Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Norma Durango (PJ pampeano), Horacio Goigoechea (UCR), Paula Urroz (PRO), Miguel Bazze (UCR), Sergio Buil (PRO), Alejandro Echegaray (UCR), Anselmo Martínez (FPV-PJ), Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria), Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria), Victoria Donda (Libres del Sur), Pablo López (FIT) y Juan Carlos Giordano (FIT).
A su vez, se sumaron los senadores Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV), Liliana Fellner (PJ-FPV), María Ester Labado (PJ-FPV) y Nancy González (PJ-FPV).
