La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia escuchará hoy argumentos en torno a los pedidos de recusación del juez federal de Esquel, Guido Otranto, en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado
La familia de Maldonado pidió apartar a Otranto de la causa por la búsqueda del joven artesano, al considerar que no es imparcial y que tuvo fallas en el manejo de la investigación.
La audiencia por la recusación de Otranto fue convocada para hoy a las 10.45 y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que está integrada por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.
La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia subrayó que “el juez Otranto es parte del problema” y afirmó que se necesita “un magistrado que se ponga al frente de la investigación y resuelva la desaparición forzada”.
“La secretaria de la fiscal (Silvana Ávila) es la esposa del juez. En este caso, la familia judicial no es una metáfora”, señaló la letrada en declaraciones a radio Cooperativa.
Para la familia del joven de 28 años, el magistrado no investiga a la Gendarmería Nacional y no quiere determinar cuál fue el rol de Pablo Noceti, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, en los hechos.
Otranto contestó el viernes pasado que la única causa a su cargo es la búsqueda de Maldonado y que ninguno de los cuestionamientos de la querella son válidos para alejarlo de la investigación.
Así, rechazó la recusación y la elevó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde ahora comenzarán a exponer las partes: tras la audiencia de hoy, los jueces tendrán 48 horas para decidir sobre la recusación, según establece el Código Procesal Penal de la Nación.
Si la rechazan, Otranto seguirá siendo el juez de la causa y si aceptan el apartamiento, el expediente deberá cambiar de magistrado: ante esa situación, el caso pasará a alguno de los otros siete juzgados federales del sur del país -son ocho con el de Esquel- que están bajo la jurisdicción de la Cámara.
Respecto al estado de la causa, el ministro de Justicia, German Garavano, consideró que hasta tanto se resuelva la situación de Otranto “hay que apoyar al juez con las investigaciones que está llevando adelante”.
Asimismo, en diálogo con Radio El Mundo, consideró que “es una pena que un proceso judicial se manche de esta manera” y pidió “hacer esfuerzo por dejar de lado las diferencias y focalizarnos en lo importante que sería saber qué fue lo que pasó con Santiago”.
Denuncia
La dirigente mapuche Moira Millán denunció ataques a las viviendas de la comunidad Vuelta del Río en la provincia de Chubut a través de un audio difundido por las redes sociales, y vinculó el hecho con la toma del juzgado federal del juez Guido Otranto, que se desarrolló ayer por la mañana, cuando integrantes de esa comunidad exigieron la renuncia del magistrado que investiga la desaparición del joven Santiago Maldonado.
“En este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir la remoción del juez Otranto, para que renuncie a su cargo”, dice Millán al inicio del audio difundido anoche.
La dirigente agregó que “están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o parapoliciales”, y agregó: “ellos están llevando adelante estos crímenes”.
“Estoy yendo para la comunidad de Vuelta del Río. Me voy a quedar sin señal, les pido por favor que viralicen este mensaje. Es tremendo lo que está pasando en la provincia de Chubut”, concluyó el mensaje.
En apoyo a esa comunidad mapuche, las regionales de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut y El Bolsón convocaron “a los vecinos a unirse hoy en caravana a las 10.30, en el cruce de Maitén rumbo a la comunidad Vuelta del Río”.
Ayer, integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río, contigua a la Pu Lof Resistencia Cushamen -donde la Gendarmería Nacional realizó el operativo donde fue visto por última vez Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado-, tomaron el juzgado federal de Esquel durante la mañana y lo desalojaron a primera hora de la tarde.
La toma de la sede judicial, ubicada en 25 de Mayo y San Martín, se produjo en reclamo de la renuncia del magistrado, a quien la comunidad acusó de “malos tratos” sufridos durante el allanamiento del lunes pasado en esa comunidad y en la de Pu Lof Resistencia Cushamen.
Según los manifestantes, “los policías ingresaron armados rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos”.
En tanto, en el marco de la “ocupación pacífica” del juzgado, también fue presentado un hábeas corpus por los “malos tratos” que habrían sufrido durante el operativo, denuncia que, a su vez, fue rechazada por el mismo magistrado durante la tarde.