La AFIP presentó ayer una denuncia penal para dilucidar quiénes estuvieron involucrados en la filtración de información publicada por un matutino porteño que indicó que familiares de funcionarios, entre ellos del presidente Mauricio Macri, blanquearon fondos por unos u$s 130 millones. La ley de blanqueo endurece las penas para la violación de secreto fiscal y convierte este delito en no excarcelable
La causa recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y está relacionada con dos delitos: violación de secreto fiscal y defraudación. En caso de encontrarse culpables, podrían sufrir pena de prisión, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87. Allí expresamente se establecen penas de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación para quienes violen información relacionada con el blanqueo.
Al mismo tiempo, se conoció el miércoles la renuncia del responsable de la subdirección general de sistemas y telecomunicaciones de la AFIP, Jorge Enrique Linskens. El diario Página/12 había publicado que el hermano del Presidente, Gianfranco Macri, el primo del jefe de Gabinete Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña Braun; Nicolás Caputo, amigo del jefe de Estado, y Pablo Clusellas, familiar del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, participaron del blanqueo con fondos que totalizaron unos u$s 132 millones.
Linskens formalmente, presentó su renuncia y el titular del ente recaudador, Alberto Abad, se la aceptó. Sin embargo, según fuentes internas no oficiales del organismo, hubo un pedido del administrador luego de que se filtraran a la prensa una serie de datos sensibles sobre el blanqueo. Otra versión habla de un enfrentamiento entre Abad y la primera línea del Gobierno.
La dimisión fue oficializada en el Boletín Oficial, en una resolución que dispone “dar por finalizadas las funciones que le fueran asignadas oportunamente como Subdirector General de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones al señor Jorge Enrique Linskens”.
Fuentes extraoficiales, sin embargo, hablan de otro motivo: vinculan la filtración del fin de semana a un presunto enfrentamiento entre Abad y la primera línea del Gobierno por la negativa del recaudador a otorgar una refinanciación especial bajo el artículo 32 suspendido por la actual administración de AFIP para una deuda de OCA.
