Acuerdos entre la firma y pueblos originarios entraron en tensión. Pedidos desmesurados de mapuches. Provincia intenta mediar en conflicto
El conflicto en Neuquén entre las comunidades mapuches e YPF que tiene paralizada 14 perforaciones en Vaca Muerta sigue escalando y los canales de diálogo están prácticamente cortados, con un intento de mediación del gobierno provincial que no encuentra ecos.
El lunes las comunidades reclamaron a YPF retomar conversaciones sobre trabajos de saneamiento ambiental en las oficinas neuquinas de la petrolera, con presencia de Gendarmería incluida. La empresa respondió con un duro comunicado: “Son los mismos referentes de las comunidades Kaxipayiñ y Campo Maripe quienes han abandonado el diálogo” e impiden las actividades de “saneamiento de situaciones ambientales en Loma la Lata” y obstruyen “el normal desenvolvimiento de las operaciones”. El texto agregó que referentes mapuches “persiguen intereses que no responden ni a los de la comunidad ni a la defensa del medio ambiente”.
El acuerdo con las comunidades registra trabajos para remediar suelos que habían sido explotados con viejas tecnologías e incluían, por ejemplo, piletas a cielo abierto. YPF reafirmó compromisos vigentes, como brindar a las comunidades escuela de adultos, el transporte escolar, la obra social para personas mayores y sin trabajo, la instalación de electricidad en casas de familia, entre otras iniciativas.
Sin embargo, uno de los puntos en cuestión que no se referencia en declaraciones formales pasa por otro trato. Este indica que, hasta ahora, YPF pagaba por cada pozo perforado cerca de $1,5 millones a los mapuches, quienes ahora estarían exigiendo el triple, en pleno auge de Vaca Muerta. Los referentes de las comunidades niegan esta negociación y se aferran al reclamo medioambiental.
La autoridad de aplicación es el estado provincial, que otorga los permisos para explotar el subsuelo, pero luego la empresa debe negociar con las comunidades para instalar sus equipos en las áreas que le fueron reconocidas y que tienen la propiedad del suelo. “Hay dos comunidades reconocidas por la provincia, pero a veces las que impiden trabajar son las que no están reconocidas, que quieren subirse al pedido y obtener beneficios”, dijeron a este medio funcionarios provinciales.
Quienes son parte de las mediaciones explican que es muy difícil arribar a buen puerto. “YPF nos dice que las comunidades les exigen primero sanear y después perforar, pero cuando van a hacer los trabajos de recuperación los bloquean o les ponen condiciones como hacerlos con las empresas de ellos”, aseguraron desde despachos oficiales.
Desde la empresa también confiaron que la situación es difícil de manejar por el modo de protesta, donde muchas veces los mapuches se suben a los equipos, poniendo en riesgo la vida de ellos mismos y también de sus empleados, a quienes tienen que evacuar constantemente. Y deslizaron que los equipos para perforar los 14 pozos nunca llegaron a subir al campo a la espera de mejores condiciones para retomar el diálogo.
La provincia, por su parte, necesita resolver el conflicto. Los pozos que no se están perforando representan pérdidas para las arcas estatales de unos $100 millones hasta el año próximo. Además, la llegada de inversiones a Vaca Muerta para yacimientos no convencionales es crucial para el gobierno provincial cuando la explotación convencional está en baja.
La cuestión mapuche también tiene réplicas en Río Negro: el Código de Tierras que impulsa el gobierno de Alberto Weretilneck generó un cruce con los pueblos originarios, cuya ala más radical reclama que se les reconozcan 5 millones de hectáreas de las 20 millones que comprenden la provincia.
