A un año hoy del inicio del acampe de 51 días de la Tupac Amaru frente la Casa de Gobierno jujeña que derivó en su detención el pasado 16 de enero, arrancará el miércoles que viene el juicio contra la diputada del Parlasur Milagro Sala por la supuesta infracción de artículos del Código Contravencional que aluden a la ocupación del espacio público, alteración del orden y obstaculización del tránsito vehicular y peatonal
Trece días después de esa detención, un juez provincial ordenó su excarcelación. Pero Sala permaneció encarcelada preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron presuntos delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita en el manejo de fondos para la construcción de viviendas.
La permanencia de Sala en la cárcel derivó en las últimas semanas en una escalada de reclamos de organismos internacionales en pos de su urgente liberación, por tildar de arbitraria la detención por su carácter preventivo.
En rigor, a la dirigente kirchnerista le espera antes otra parada: mañana se iniciará el juicio oral y público que se le sigue por supuestas amenazas contra el hoy gobernador radical Gerardo Morales.
Por de pronto, ayer el Juzgado Contravencional 1 -a cargo de Matías Ustarez Carrillo- confirmó que las audiencias por la protesta en la plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, se llevarán a cabo el 21, 22 y 23 de diciembre, a horas de la Nochebuena.
El inicio del juicio coincidirá, precisamente, con el final del pleito que el Tribunal Oral Federal iniciará mañana y en el cual se la acusa a Sala de supuestas amenazas, en una causa que fue iniciada en 2009 por el entonces senador nacional Morales.
El juicio por el acampe -protesta activada por la decisión de Morales de transparentar la entrega de ayuda social- estaba previsto inicialmente para el 23 de noviembre. Pero el inicio fue suspendido para permitir la incorporación de nuevas pruebas, incluidos material fílmico y artículos periodísticos.
En reacción, Paula Álvarez Carreras -del equipo de abogados defensores de Sala- aseguró que “lo que pretende el Gobierno es juzgar un hecho que claramente no es delito ni contravención, que se realizó entre diciembre y enero de 2016 y que tiene como único objetivo la persecución política”. “Además, la presunta investigación está hecha con notas periodísticas, videos y fotos del acampe”, agregó.
