Apuntó contra José Luis Sureda, Pablo Popik y Luis Barile por haber firmado dos resoluciones que eximieron a tres firmas de cubrir cupo destinado a garrafa social
El Ministerio de Energía que preside Juan José Aranguren quedó en medio de fuego amigo luego de que la diputada aliada de Cambiemos, Elisa Carrió denunciara penalmente a tres funcionarios de primera línea de esa cartera por haber beneficiado a petroleras para las cuales se desempeñaron antes de asumir la función pública. El secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik y el director nacional de GLP, Luis Barile fueron apuntados por “negociaciones incompatibles con la función pública”, en una sigilosa presentación que recayó en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio. Los tres fueron señalados por disponer que el cupo de gas destinado a la garrafa social por parte de Pan American Energy, Panamerican Sur S.A y Refinor S.A fuese cubierto por la estatal ENARSA, creando un beneficio para las firmas, que las eximió de destinar parte de su producción a ese rubro y tener disponible más fluido para comercializarlo a otros valores. Como antecedente, Carrió citó que los tres tuvieron cargos de relevancia en PAE y en firmas del rubro, por las que se habrían interesado “indebidamente” al firmar resoluciones que tuvieron impacto en estas compañías.
En su presentación, a la que tuvo acceso Ámbito Financiero, Carrió reclamó que se “determine si los nombrados, en el ejercicio de sus funciones pudieron haber intervenido sea mediante la suscripción de resoluciones y/o mediante gestiones y/o habiéndose interesado en operaciones vinculadas a empresas de los que fueron parte, hasta antes de asumir la función pública; afectando la ‘imparcialidad’ y ‘fidelidad’ en el desempeño de sus funciones”. Puntualmente apuntó a dos resoluciones firmadas el 7 de junio y el 2 de agosto pasados que “habrían beneficiado directa y/o indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE) y Panamerican Sur S.A., eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor”, mientras que a la firma Refinor S.A. le “habrían reducido sustancialmente la carga que tenía impuesta a los mismos fines”. Esos aportes, según la denuncia, fueron cubiertos por la empresa estatal, absorbiendo la pérdida.
PAE contraargumentó que su contrato para la obtención de GLP con Transportadora Gas del Sur (TGS) había vencido en abril de 2016 (previo a la firma de las resoluciones) por lo que ya no participaba del mercado de Gas Licuado de Petróleo y no tenía una obligación legal de destinar un cupo para cubrir el Plan Hogar. “Lo cierto es que estos posibles ‘beneficios’ a las empresas mencionadas antes, habrían derivado de actos administrativos en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sólo se han interesado, sino que han participado. Esto más allá de quien pudiera haber plasmado la rúbrica final de ellos”, remarcó la legisladora, que no hizo foco en las empresas sino en los funcionarios, dejando la puerta abierta, incluso a que todo el trámite hubiera sido autorizado por Aranguren.
La embestida de Carrió coincide con los dardos dirigidos a la gobernadora María Eugenia Vidal en el inicio de la interna electoral bonaerense. En ese marco, requirió al juez que obtenga el expediente S-1 0043399/2016 y todos los contratos con PAE, Panamerican Sur y Refinor y que los cite a declarar a los funcionarios. Pero además, propuso que la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, aporte “toda actuación administrativa que pudiera involucrar a los denunciados”. Esto implica que expliciten el análisis de posibles incompatibilidades.
Una causa similar tramita bajo la órbita del juez Luis Rodríguez que involucra a Aranguren, a Popik y a Sureda, en el caso de beneficios a Shell y a otras firmas. Podría secretar su unificación, en caso de que se considere que son hechos asimilables.
