El equipo económico estuvo reunido hasta pasadas las 23 para terminar de definir los anuncios que hará este viernes, cuando difundan los resultados de lo recaudado en concepto de liquidación de divisas del agro. De ese monto destinarán 75 mil millones de pesos para el bono extraordinario de ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad
El alerta de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la necesidad de una intervención más activa del Estado en el control de precios y, en especial, de lanzar una ayuda para asegurar la alimentación de quienes se encuentren por debajo de la línea de indigencia generó una rápida reacción en el Gobierno. “Es un tema que está en evaluación y tratamiento”, avisó la portavoz Gabriela Cerruti en su habitual rueda de prensa. Este viernes, el ministro de Economía, Sergio Massa, difundirá los resultados de la liquidación de divisas del agro y adelantará cómo será la ayuda social que se distribuirá con parte de esos recursos, que anoche su equipo calculó en 75 mil millones de pesos.
En el ministerio de Hacienda aseguraban que había estado todo conversado, que Massa estuvo en contacto tanto con Cristina Kirchner como con Máximo Kirchner durante ese miércoles que le tocó exponer en Diputados para defender el proyecto de Presupuesto. Por la tarde, se conoció el índice del Indec que marcó un leve descenso de la pobreza pero, al mismo tiempo, también un ligero repunte de la indigencia.
Eso se explica en razón del incremento del precio de los alimentos que hicieron subir el costo de la Canasta Básica Alimentaria, la que establece el umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. Para un adulto, la canasta subió un 7,1% y quedó fijada en 17.149 pesos. La vicepresidenta marcó que se debía “diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, volviendo a centrar sus preocupaciones en la situación económica luego de su defensa frente al acoso judicial y el posterior atentado.
Si bien Massa, a diferencia del ex ministro Martín Guzmán, cuenta con el apoyo de Cristina Fernández, conductora político de la coalición de Gobierno; la vicepresidenta buscaba llamar la atención sobre una situación preocupante respecto a la que, entendía, se escuchaban pocas voces de alerta en el oficialismo. El dirigente Juan Grabois y su Frente Patria Grande fueron en su momento los principales impulsores de la propuesta de instaurar un salario básico universal, un ingreso que en ese momento calcularon 14 mil pesos que se distribuiría entre 7 millones de beneficiarios, un universo similar al que percibieron los IFE durante la pandemia. El diputado y economista Itai Hagman fue el encargado de presentar en mayo la propuesta en el Congreso.
La senadora Juliana Di Tullio, muy cercana a la vicepresidenta, presentó luego un proyecto para establecer un “refuerzo de ingresos” a los adultos en situación de indigencia, calculados en 1.700.000, que percibirían el monto correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria. Según el cálculo de la autora, sostenerlo representaría el 0,09% del PBI para lo que queda de este año y el 0,43% del próximo. Esos números, según los técnicos de Economía, eran demasiado optimistas. Con todo, en el Senado avisaban que ya no había tiempo para tratar el proyecto de Di Tullio, dado lo difícil que le resulta al oficialismo sacar cualquier propuesta, encima justo cuando acaba de iniciarse la discusión por el Presupuesto.
La nula respuesta oficial a la propuesta de salario básico universal enojó a Grabois, quien anunció la salida del Patria Grande y de sus tres diputados del Frente de Todos. Hizo falta una gestión de Cristina Kirchner para convencerlos de quedarse y no generar una pequeña crisis en el oficialismo. Consiguió que Massa añadiera en el decreto que fijó el dólar soja que con una parte de lo recaudado se crearía un fondo especial para financiar un refuerzo de ingresos a quien se encontrara en situación de vulnerabilidad. Un poco parecido al proyecto de Di Tullio, pero lo que allí se establecía como un nuevo derecho, aquí se transformaba en “una prestación extraordinaria no contributiva y de alcance nacional”. El decreto dejaba puntos centrales sin definir: no establecía qué proporción de lo recaudado se destinaría al beneficio, ni determinaba el universo de beneficiarios. Sólo que se otorgaría a personas en situación de extrema vulnerabilidad que no recibieran prestación por desempleo o programa social.
El equipo económico estuvo reunido hasta las 23 terminando de definir los anuncios. Finalmente, determinaron que destinarán 75 mil millones de pesos de lo recaudado por el dólar soja para el pago extraordinario, aunque no trascendió el universo de beneficiarios al que pensaban aplicarlo. Si se calculaba en base al 1.700.000 adultos en situación de indigencia del proyecto de Di Tullio, a cada uno se podrían destinar un total de 44 mil pesos, tal vez dividido en dos cuotas. A más beneficiarios, lógico, menor monto. Para los detalles habrá que esperar a la conferencia de Massa.
