Oficializan programa de asistencia 2022, con alcance a priori acotado por distritos superavitarios
Mientras afina la lapicera en pos de recortar el gasto público, el ministro de Economía Sergio Massa oficializó la edición 2022 del Programa de Asistencia Financiera, destinado a auxiliar este año a provincias “con necesidades financieras y sin fuentes de financiamiento alternativas” vía préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).
La iniciativa, en la antesala del electoral 2023, se da en el marco de un nutrido pelotón de provincias con superávit, un mejor presente fiscal que acotaría el número de potenciales destinatarios. Aunque la resolución dejaría “grises” en materia de alcances.
Se trata de la reedición de un mecanismo aplicado por Nación en los últimos años, para atender “los requerimientos de aquellas provincias que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas para la implementación de políticas públicas para el desarrollo y la consolidación fiscal”. El plazo de gracia es hasta fin de diciembre y el primer vencimiento operará a fin de enero.
“Son las mismas condiciones con las que se dieron los créditos de corto plazo durante el aislamiento por el Covid”, dijeron desde un despacho provincial a este diario, y consideraron que serían pocos los distritos potencialmente alcanzados porque la mayoría “tiene superávit”.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que pone la lupa en el consolidado de las provincias y CABA, 2021 fue el cuarto año consecutivo con superávit primario ($ 264.684 millones), y el primero desde 2010 con resultado financiero positivo ($ 89.230 millones).
Pero la mirada individual muestra distritos con duros desafíos por delante, con PBA a la cabeza -un potencial destinatario del programa- tras un déficit financiero en 2021 cercano a $ 95 mil millones y un proyectado para este año del orden de $ 150 mil millones, según fuentes locales. Ello, destacan desde filas del Gobierno de Axel Kicillof, en el marco de los reclamos históricos de la Provincia en pos de una mayor tajada de la coparticipación, y pese al crecimiento real de la recaudación y “el manejo responsable de la deuda”.
El titular de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, aseguró que el flamante programa, “para cuidar la situación del Tesoro, podría ser una ´sustitución´ de financiamiento directo (vía ATN, por ejemplo) por un crédito, de modo tal de cortar con los envíos sin devolución y que las provincias (partiendo de la base de que tienen una mejor situación fiscal) asuman el pedido de fondos extras como deuda”.
Sin embargo, la resolución dejaría algunos “grises” sobre el verdadero alcance. “No es muy determinante respecto a los requisitos para obtener ese crédito, por lo cual no creo que sólo aquellas con resultado fiscal negativo (o positivo, pero débil) sean las destinatarias”, dijo Pegoraro. “Además, cuando habla de ’necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas para la implementación de programas de políticas públicas para el desarrollo y la consolidación fiscal’ pareciera dejar claro que es para financiamiento de programas de gestión, pero abre la puerta para que el pedido sea también para cubrir desfasajes de caja (gasto corriente) y, por ende, potencialmente todas las provincias son sujetas a recibir este crédito”, agregó.
En los considerandos de la Resolución 570/22 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía subraya que “resulta indispensable tomar medidas para sostener las finanzas de las jurisdicciones que lo necesiten a través de un programa de asistencia que posibilite atender tanto su normal funcionamiento como cubrir las necesidades financieras, en la medida de las posibilidades del Gobierno Nacional garantizando la sustentabilidad de su esquema financiero y fiscal”. El foco está puesto en el financiamiento “para la atención del déficit financiero y para regularizar atrasos de Tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales”.
Para recibir la asistencia debe haber un pedido concreto de asistencia y monto por parte del gobernador en cuestión, atado a una evaluación técnica de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente de la Secretaría de Hacienda que comanda Raúl Rigo.
La ingeniería involucra obligaciones que deben cumplir los gobernadores, incluido el suministro a Hacienda de “información fehaciente para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas durante todo el período de vigencia del convenio”. Un lote que incluye data sobre la deuda provincial, la nómina salarial y la planta de personal y la letra chica del gasto público, entre otros ejes.
“La Provincia se compromete a no emitir títulos públicos de circulación como ‘cuasi moneda’”, dice. El convenio debe ser refrendado por la Legislatura.
Los préstamos serán reembolsables en 24 cuotas mensuales y consecutivas, con un primer vencimiento el último día hábil de enero de 2023. Contará con interés actualizado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más una tasa aplicable del 0,10% nominal anual. Los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de cada mes y serán pagaderos con la retención de coparticipación.
