El Diputado del Frente de Todos habló sobre la medida cautelar que llevó a la justicia federal y a partir de la cual se ordenó a las autoridades del Congreso no enviar representantes para la conformación de 20 miembros que pretende la Corte, por ser una ley ya derogada
El legislador oficialista, Marcelo Casaretto, presentó una medida cautelar ante la justicia por las modificaciones que definió la Corte Suprema acerca del Consejo de la Magistratura, ya que el plazo de reconversión expira en 3 días y en la Cámara de Diputados ni siquiera está conformada la Comisión que debe tratar la media sanción que el proyecto del Ejecutivo consiguió en Senadores. El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, hizo lugar a la iniciativa que considera que se busca reestablecer una ley ya derogada.
En este sentido recordó que el órgano es una creación de la reforma constitucional de 1994, que “en 2006 se cambió la ley con una nueva integración” y el Máximo Tribunal “después de 15 años dijo que era inconstitucional”. “El plazo que dio la Corte vence el viernes, me están dando 3 días para algo que ellos se tomaron 15 años”, remarcó en diálogo con FM La Patriada.
A su vez, Casaretto confirmó la decisión del magistrado entrerriano de aceptar la medida cautelar y una medida pre-cautelar que “le ordena a la presidenta del Senado -Cristina Fernández de Kirchner- y al presidente de la Cámara de Diputados -Sergio Massa- que no designen nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura hasta tanto no se sancione una ley en el Congreso”.
Cabe recordar que la ley sancionada en 2006 planteaba un total de 13 integrantes, mientras que el fallo de los Supremos retrotrae a la conformación original de 20 miembros -y la presidencia en manos del Titular de la Corte-, en lo cual están trabajando los diferentes espacios que componen el Consejo .abogados, jueces, académicos y legisladores- para completar el número.
“Lo que estoy haciendo es defendiendo la facultad del Congreso de sancionar las leyes, si necesitan tiempo tomemos el tiempo”, destacó Casaretto y acotó que si la ley se aprobó en 2006 y recién a fines de 2021 la Corte Suprema la consideró inconstitucional, “tan inconstitucional no es si esperamos 15 años en tratar el tema”. “Tiene que haber independencia de los poderes pero tiene que haber independencia de los poderes económicos también”, concluyó.
