La inscripción oficial del misoprostol LIF, producido por el estado santafesino, en la lista de especialidades medicinales, permitirá que se distribuya en todo el país, lo que es “un avance” en las políticas públicas “para garantizar” el derecho de las mujeres, que podrán acceder a la medicación recomendada por la Organización Mundial de la Salud para realizar interrupciones de embarazos
Elida Formente, directora del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) de Santa Fe, celebró la aprobación del medicamento, en su presentación para uso vaginal, por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
“Es un avance concreto desde lo público en favor de los derechos sociales y de las luchas colectivas”, dijo.
El misoprostol es utilizado para la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13 de gestación. Con esta certificación el producto podrá ser comercializado a todo el país y el LIF podrá ser el proveedor oficial de todo el sistema público de salud argentino. Además, logró reducir el costo por debajo de la mitad de lo que lo vende el productor privado, alrededor de $6.500.
“Cuando asumimos el año pasado con el gobierno de Omar Perotti el misoprostol formaba parte de los productos del LIF, pero se fabricaba totalmente fuera. Por una decisión de gobierno decidimos comenzar a producirlo dentro de nuestro laboratorio. En el primer semestre se desarrolló todo lo necesario para poder hacer el traslado y en julio comenzó la producción, desde ese momento ya se han producido 3 lotes de 100.000 pastillas y está por salir el cuarto lote a fin de este mes. Para ese momento ya se habrán producido 400.000 pastillas”, destacó Formente.
El producto viene en comprimidos orales y vaginales. La habilitación salió para los vaginales, pero desde el organismo aseguran que ya está en trámite la incorporación del otro formato.
“El laboratorio público va a contribuir para que el Estado garantice los derechos, el derecho a la salud de las mujeres y para que se implemente la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, añadió.
Por otro lado, Paola Gross, directora provincial de Programas de Salud Sexual y Reproductiva y de Diversidad, dijo: “Contar como provincia con el insumo indispensable para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo demuestra el compromiso del gobierno provincial con este derecho de mujeres y personas con capacidad de gestar, consagrado en la recientemente sancionada ley 27610. Que todo el país tenga esta posibilidad a partir de la autorización de ANMAT significa un enorme aporte para que la ley se pueda cumplir en todo el territorio nacional”.
