En el marco de la presentación de su reporte diario, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó que “es una medida de protección adicional” a las medidas establecidas para evitar el contagio como el lavado, la ventilación de ambientes y el aislamiento social La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó que “el uso de barbijos profesionales debe reserve para profesionales de la salud”. En este sentido, hizo hincapié en que es menester continuar con el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Las palabras de la funcionaria se dieron en el marco de la presentación del reporte diario que realiza la cartera sanitaria, donde Vizzotti recordó que los barbijos de “alta eficacia” son “insumos críticos a nivel mundial” que deben reservarse para los equipos de salud. La secretaria de Acceso a la Salud explicó este miércoles que el uso de barbijos caseros es una medida de protección “adicional” para evitar difundir el coronavirus en períodos asintomáticos de la enfermedad pero que de ninguna manera “reemplaza” a las recomendaciones como el lavado de manos y superficies, la ventilación de ambientes y, sobre todo, no elimina la necesidad del distanciamiento social. Cuando falta una semana para el presunto final del aislamiento social, preventivo y obligatorio total en la Argentina -en principio- y persisten dudas respecto de cómo será la salida paulatina de esa cuarentena ante el avance del coronavirus, tanto en el mundo como en el país empiezan a aparecer dudas y decisiones diversas respecto de si es recomendable o no el uso del barbijo para salir a la calle. Por lo pronto, en la Argentina ya hay dos provincias que actualmente obligan a sus habitantes a salir de sus hogares con barbijo o cualquier otro protector facial, otra que lo hará a partir del viernes y hasta un municipio bonaerense que se sumó a esa normativa.

Sofia Boggia

La Casa Rosada prepara una nueva instrumentación de asistencia financiera para los gobernadores en medio del desplome en la recaudación fiscal

 

 

 

En medio de las negociaciones por la extensión del aislamiento preventivo obligatorio y la necesidad de paliar la caída en la recaudación, el Gobierno prepara una nueva inyección de asistencia financiera para las provincias por medio de un fondo anticíclico por 136.000 millones de pesos que se pondrá en marcha desde este mes hasta junio.

La partida estará integrada por tres instrumentos distintos y tiene como objetivo “aliviar parcialmente las necesidades financieras de las provincias y los municipios en medio de la crisis económica”, señalaron fuentes oficiales a la agencia NA.

De esta forma, en la primera instancia se corresponderá a Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por un total de 60.000 millones de pesos, que se girará a las cajas provinciales en tres cuotas iguales de 20.000 millones entre abril, mayo y junio.

En una segunda instancia, se dispondrá de  60.000 millones de pesos aportados por el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, mediante una línea de créditos blandos con una tasa del 26% anual y un plazo de repago de 36 meses, por lo que el Gobierno esquematiza un plazo de gracia hasta fin de año en la devolución del dinero.

Además, se suman 16.000 millones de pesos provenientes de créditos del Fonplata (el Banco de Desarrollo conformado por cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

No es la primera vez que la Casa Rosada apuesta por una instrumentación de asistencia en medio de la crisis por coronavirus. En marzo la plaza de emisión monetaria alcanzó una cifra récord de $596.962 millones, lo que implicó un crecimiento del 34,7% en tan sólo un mes, y que impactará en el índice de inflación proyectado del 2,7%, en línea con las mediciones de consultoras privadas.

Por su parte, las provincias también se sumaron a la búsqueda por achatar el impacto en la recaudación. Córdoba puso en marcha este lunes un bono transferible para el pago de proveedores, mientras que Buenos Aires dio inicio a un nuevo esquema de reprogramación de la deuda pública.

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