Contra reloj, los gobernadores reorganizan las prioridades de las fuerzas policiales y algunos ya convocan a efectivos retirados. El salteño Gustavo Sáenz fue más allá: pidió a las FF.AA. en calles y frontera
Entre las urgencias multiplicadas que enfrentan los gobernadores por el coronavirus, escala día a día la preocupación por reforzar la seguridad en las calles y en puntos estratégicos, tanto para potenciar los controles para el cumplimiento de la cuarentena obligatoria como para mantener a raya los episodios de inseguridad y para blindarse ante potenciales desbordes sociales producto de los coletazos de la pandemia.
Las reacciones incluyen, entre otras medidas, la reorganización de prioridades de las fuerzas policiales provinciales, el llamado a efectivos retirados para encargarse de tareas administrativas y descomprimir a los uniformados activos, y hasta el pedido directo -en algunos distritos- de intervención de las Fuerzas Armadas en los patrullajes.
La Policía de la Ciudad realiza controles para evaluar si los porteños cumplen la cuarentena obligatoria.
Este último caso es el del salteño Gustavo Sáenz, quien en un mensaje difundido en la noche del domingo pidió a Alberto Fernández “que autorice a las Fuerzas Armadas a que acompañen los recursos humanos de las fuerzas de seguridad de las provincias, de Gendarmería, de las fuerzas federales”. Salta incluye el desafío adicional de su frontera con Bolivia (también con Paraguay y Chile) y la existencia de “casi 30 pasos ilegales” en Salvador Mazza.
“Necesitamos al Ejército en las calles y la frontera, garantizando el no ingreso”, remarcó Sáenz pensando en la cuarentena y en línea dura, que se inscribe en la de otros mandatarios que bregan por la declaración lisa y llana del estado de sitio.
Máxima preocupación también emanó del encuentro que ayer tuvo como anfitrión al Presidente en Olivos, y al gobernador Axel Kicillof y a intendentes del primer y segundo cordón del Conurbano como invitados. Allí acordaron reforzar los controles de seguridad.
“Estamos buscando que el despliegue de fuerzas de seguridad se pueda coordinar de la mejor manera posible, pudiendo hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos sabiendo que es una situación excepcional”, dijo Kicillof. El telón de fondo: el temor de los intendentes a que estallen desbordes por el impacto social de las cuarentenas en los sectores más vulnerables, cuya contención buscan reforzar.
El monitoreo excede las fronteras bonaerenses. Por caso, en Misiones, la Policía detuvo a dos jóvenes de 18 años que supuestamente instaban, a través de cuentas falsas, a saquear supermercados de Posadas y Garupá.
En Catamarca, en tanto, el gobierno de Raúl Jalil convocó a policías retirados para que se sumen de manera temporaria a la fuerza para desplegar tareas administrativas, y liberar así a más uniformados para patrullar calles.
Mientras tanto, los mandatarios evalúan in situ el funcionamiento de los puestos destinados a controlar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria.
Con ese telón de fondo, ayer la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, monitoreó el cumplimiento del aislamiento obligatorio en una teleconferencia con procuradores de 14 provincias. Contra reloj, los gobernadores reorganizan las prioridades de las fuerzas policiales y algunos ya convocan a efectivos retirados. El salteño Gustavo Sáenz fue más allá: pidió a las FF.AA. en calles y frontera.
