Las medidas había anticipadas por el Presidente en la apertura de sesiones. El Gobierno pidió la totalidad de la información de las audiencias de los juicios realizados por el atentado a la mutual judía. Además, se le prohibió a la agencia de inteligencia la intromisión a realizar tareas represivas
A más de 26 años de atentado a la Asociación Mutual Israel – Argentina ( AMIA), el gobierno efectivizó este miércoles la desclasificación de los archivos relacionados a la causa judicial, al tiempo que limitó por medio de un DNU el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI).
El decreto 213/2020 publicado en el Boletín Oficial otorga de “carácter público” la documentación producida en diversas dependencias estatales, en particular la AFI, legajos de investigación y la totalidad de la información de las audiencias de los juicios realizados.
En este sentido, el decreto ordena la creación de una mesa de diálogo, en la que confluirán distintos organismos estatales y de la sociedad civil que tendrá como fin monitorear el acceso a toda información y garantizar el “derecho a la verdad”.
La resolución, anunciada por el Presidente en su discurso inaugural de apertura de sesiones, busca impulsar un “proceso de transparencia y publicidad” en el manejo de información existente en el ámbito estatal y poner fin a los “obstáculos persistentes” para un acceso pleno al derecho a la información por parte de las víctimas y familiares del atentado ocurrido en el año 1994.
Además, el gobierno avanzó sobre las limitaciones a la Agencia de inteligencia estatal. De esta forma, se le prohíbe la intromisión a realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal, según detalla el Decreto de Necesidad de Urgencia N° 214/2020.
“Ha existido un resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”, sentencia la resolución y agrega que como consecuencia “se ha actuado como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia”.
Estas limitaciones se dan en el marco de la intervención por 180 días por parte del Gobierno de Fernández en diciembre encabezada por Cristina Caamaño, después de denunciar el uso “por fuera de objetivos legítimos” que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho, durante la gestión de Mauricio Macri.
