La Oficina Anticorrupción “gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo”
La Oficina Anticorrupción (OA), que estará cargo del fiscal federal Félix Crous, pasará a tener desde ahora carácter de “organismo desconcentrado” de la Presidencia de la Nación y su titular tendrá rango de ministro, según se establece en el decreto 54 publicado este sábado en el Boletín Oficial.
“Dispónese que la OA, creada por el artículo 13 de la Ley N° 25.233 tendrá carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación”, dice el artículo 1 del decreto.
A continuación, se detalla que el titular de la OA “tendrá rango y jerarquía equivalente a Ministro y dependerá funcionalmente de la Presidencia de la Nación” y “gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo”.
El presidente Alberto Fernández confirmó que el fiscal Crous será designado al frente del organismo y aseguró que el organismo tendrá “autarquía y autonomía”.
En los considerandos del decreto oficializado hoy, se indica que “resulta aconsejable dotar a la OA de mayor jerarquía institucional y elevar el cargo de su titular al rango de Ministro” y se propone “transformarla en un organismo desconcentrado de la Presidencia, manteniendo su estructura administrativa y presupuesto dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Además se destaca que “resulta imprescindible dejar establecido que él o la titular de la OA no solo gozará de independencia técnica sino que además, cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo”.
Crous es un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires con un posgrado en Especialización en Administración de Justicia.
Fue titular hasta 2017 de la Procuración para víctimas de la violencia institucional (Procuvin) que su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó, creó en 2013.
Además, es uno de los que intervino también en el inicio de la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado, lo que derivó en que Eduardo Casal lo sacara del cargo.
