El Ministerio de Salud de Entre Ríos dijo que a pesar de las marchas y contramarchas de la Nación en torno a la actualización del protocolo de actuación en casos de aborto no punible, que rige desde 2015, en la provincia «está garantizado» el derecho a la interrupción legal del embarazo en aquellos casos amparados por la legislación vigente
«El Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, frente a las marchas y contramarchas del Gobierno Nacional en torno a una actualización del Protocolo para la atención integral de las personas con capacidad de gestar con derecho a la interrupción legal del embarazo, que confunden a la población y llevan incertidumbre a los integrantes de los equipos de salud, informa que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva son derechos humanos que el estado de la provincia de Entre Ríos garantiza a través de diferentes políticas públicas», señaló la carta sanitaria que conduce Sonia Velázquez.
La discusión se originó tras la publicación en el Boletín Oficial de la Nación de una actualización de aquel Protocolo de 2015 elaborado por el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que derivó en una derogación inmediata ordenada por el presidente Mauricio Macri de los cambios introducidos.
Pero aún con esa derogación, el ordenamiento legal dispuesto en 2015, a partir de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue vigente. Además, en Entre Ríos el Ministerio de Salud redactó un protocolo que responde a los lineamientos que introdujo la Corte.
«En relación al Protocolo para la atención integral de las personas con capacidad de gestar con derecho a la interrupción legal del embarazo con vigencia nacional desde el año 2015 -dijeron desde Salud-, la provincia de Entre Ríos en el año 2017, mediante resoluciones ministerial 2883 y 3616, lo implementa, dando cumplimiento a lo que establece el Código Penal vigente en su artículo 86, sobre la legalidad de la interrupción de un embarazo por causal salud integral o causal violación; y cumpliendo también con lo mandado por el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -año 2012-, que pide a las provincias instrumentar protocolos médicos para facilitar el trabajo de las y los profesionales de la salud frente a situaciones de interrupción de un embarazo».
Este Protocolo ILE (interrupción legal del embarazo) es «el instrumento de política pública que da certeza a las mujeres y personas con capacidad de gestar que sus derechos son respetados, y establece claramente criterios que protegen las prácticas de los equipos de salud de los efectores de la red sanitaria provincial, respectando los estándares para la atención en estos casos. En resumen, es una guía de procedimientos de cómo se debe actuar en salud para cumplir con la ley vigente».
«Por esa razón, se aclara que la actualización de este Protocolo ILE publicada en el Boletín Oficial de la Nación el día 20 de noviembre de 2019, no modifica en nada los derechos de las personas con capacidad de gestar, ni avanza en la legislación actual, ni vulnera cuestiones relacionadas a la objeción de conciencia de profesionales que se niegan a realizar la práctica de interrupción -abunda el pronunciamiento del Ministerio de Salud de Entre Ríos-. Solamente incorpora a su texto normativa vigente del Código Civil y Comercial en relación a la autonomía progresiva de las y los adolescentes y al consentimiento informado de las personas con capacidad restringida. En salud es habitual que los protocolos cuando contienen evidencia clínica y estándares jurídicos, se vayan actualizando periódicamente para que sean una guía óptima en el trabajo que realizan las y los profesionales de la salud».
De igual modo, desde la cartera sanitaria de Entre Ríos señalaron que «no deja de sorprender el cambio de postura del gobierno nacional sobre la actualización de este Protocolo ILE, porque esa actualización solamente incorpora al texto del año 2015 normativa vigente para un mejor manejo de la información de los equipos de salud».
Y agregaron: «Es en este sentido, que este Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos ratifica el compromiso político en materia de sanitaria, de respetar con buenas practicas los derechos de las personas con capacidad de gestar dentro del orden jurídico actual, eso incluye lo dispuesto en el artículo 86 del código penal argentino que está contenido en el vigente Protocolo para la atención integral de las personas con capacidad de gestar con derecho a la interrupción legal del embarazo (en Entre Ríos RMS 2883 y 3616 años 2017)».
