La diputada Victoria Donda y la concejala Malena Galmarini son algunas de las mujeres que apuntaron contra los anuncios del jefe de Estado
Referentes de la política y movimientos sociales cuestionaron las promesas de campaña del presidente, Mauricio Macri, en el marco del tramo final de cara a las elecciones, para que el Congreso modifique el Código Penal (CP) y transforme las denuncias de ese tipo en delitos de instancia pública.
La diputada nacional por Somos Red, Victoria Donda, criticó el proyecto de ley: “Ni siquiera es demagogia, no sirve para nada” aseveró y añadió que no cree posible. “No voy a votar ninguna ley en contra de las mujeres” dijo en declaraciones a FM La Patriada.
En la misma línea, Donda señaló: “Como presidente Macri debería estar al tanto de las obligaciones del Estado, frente a la primera denuncia la investigación ya debería comenzar”.
Por su parte, la concejal del Frente Renovador, Malena Galmarini, apuntó contra el Gobierno nacional por tomar realizar el anuncio “en medio de la campaña”. “En cuatro años se cansaron de postergar la agenda feminista”, sostuvo.
A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Galmarini acusó a la actual gestión de “ajustar el presupuesto para combatir la violencia machista”.
Además, abogadas especializadas en violencia de género consideraron “insuficientes” las medidas anunciadas por Macri.
“En muchos lugares no aceptan la denuncia de la víctima ¿Van a aceptar la del vecino? La violencia de género no se soluciona con el Código Penal. Es insuficiente”, dijo a la agencia Télam la abogada Gabriela Conders.
Para la abogada Sabrina Cartabia “la persecución de oficio en este tipo de casos representa un problema y da cuenta del desconocimiento a la hora de abordar la violencia de género. Lejos de favorecer y brindarle centralidad a las mujeres se las obliga a ser parte en un proceso penal que no les garantiza derechos ni protección”.
La profesional que representa a la actriz Thelma Fardin en la causa por violación contra el actor Juan Darthés, señaló que “se necesitan políticas públicas que garanticen acceso a autonomía económica, educación sexual integral para prevenir, acompañamiento psicológico y policía, y poder judicial que se tomen en serio los casos y resuelvan”.
